Como primer sindicato de las Administraciones Públicas, CCOO cree que es imprescindible abrir el diálogo de forma permanente para culminar el cumplimiento de los dos acuerdos firmados e impulsar la negociación del tercero.
CCOO, primer sindicato de las Administraciones Públicas, ha dirigido un escrito a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, junto a UGT y CSIF, en el que se exige la estabilidad de las plantillas del sector público, el cumplimiento íntegro de los dos acuerdos firmados para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, así como que se inicie la negociación del tercer acuerdo. Por ello, hemos solicitado una reunión urgente. De no producirse, no descartamos convocar procesos de movilización en la función pública, ante el enorme problema que supone la precariedad y temporalidad en el sector.
Lo primero es conseguir el cumplimiento del I y II acuerdos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Más del 60% de las plazas aprobadas en el marco de estos acuerdos no se han convocado, a las que hay que sumar las que ni siquiera están negociadas ni publicadas en las correspondientes ofertas de empleo público o procesos de estabilización. Además, muchas de las plazas convocadas no se han terminado de ejecutar. Este incumplimiento es absoluta responsabilidad de las diferentes administraciones y es parte fundamental del problema, pues antes del inicio de la pandemia la tasa de temporalidad superaba el 24%.
Respecto a la falta de plantillas –hoy más necesarias que nunca, como ha evidenciado la crisis sanitaria–, resulta imprescindible eliminar cualquier limitación en la tasa de reposición para que se puedan ofertar todas las plazas necesarias, recuperar el empleo público perdido, incrementar las plantillas y reducir la temporalidad al 8%.
En la misma línea, han de agilizarse los procesos para reducir al mínimo la latencia entre la aprobación de las plazas, su convocatoria y finalmente la ejecución completa con la incorporación definitiva.
Por último, y no menos importante, hay que trasladar al ámbito de la función pública la directiva comunitaria 70/1990 para evitar y sancionar el fraude o abuso en la contratación en el sector público. Para ello resulta imprescindible causalizar la contratación y establecer mecanismos sancionadores para los gestores públicos y/o las administraciones incumplidoras.
Demandamos que se inicien de manera urgente las negociaciones para poder cerrar un nuevo acuerdo en la función pública, con vigencia de legislatura (2021-2023) donde podamos tratar en su conjunto todas las problemáticas que afectan al sector público, el desarrollo normativo del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y la recuperación de los derechos de las empleadas y empleados públicos, con el fin de poder llegar a consensos que permitan estar a la altura de lo que la ciudadanía nos reclama.
