Pide al Ejecutivo poner freno a la liberalización de la educación superior.
El sindicato expresa además su desacuerdo con el formato de docencia bimodal y a distancia que propone la normativa presentada y exige abrir un proceso de diálogo para definir los servicios que prestan las universidades y las condiciones de trabajo del profesorado.
El proyecto de Real Decreto de “creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios” es una nueva ocasión desperdiciada por el Ministerio para mejorar el actual RD 420/2015, en el que el Gobierno del PP estableció requisitos demasiado laxos para reconocer como universidades a numerosos centros académicos privados.
Para CCOO, la propuesta no distingue entre universidades y centros universitarios, manteniendo un modelo continuista que, de hecho, promociona la docencia virtual y “bimodal” (la que se ha estado utilizando durante la pandemia, con alumnado presencial y de manera telemática) y los aspectos cuantificables, tanto en docencia (títulos expedidos) como en investigación (evaluaciones positivas). Además, si las ratios en las universidades presenciales resultan claramente insuficientes, en el caso de las bimodales y a distancia resultan sencillamente ridículas.
El sindicato considera que el modelo virtual no puede implementarse sin la suficiente financiación, lo que es incompatible con la reducción de los presupuestos de las universidades públicas producido en los últimos años. No se puede aprovechar el esfuerzo del personal para cubrir la docencia de forma bimodal en una situación tan excepcional como la de la pandemia para implementar ese modelo con el único objetivo de reducir costes.
Por otro lado, el principal riesgo de la enseñanza a distancia es que deja fuera a enseñanzas eminentemente prácticas y no favorece la incorporación del alumnado a tareas de investigación o de campo, lo cual desfigura por completo lo que debe hacer y ser una universidad.
En definitiva, el proyecto de RD pretende endurecer ligeramente los criterios de la normativa actual, pero no resuelve el problema de la proliferación de universidades privadas que han surgido sin el adecuado control de calidad. Es más, parece que el objetivo de la reforma legislativa es, ante todo, incorporar la enseñanza a distancia virtual, bimodal o semipresencial, lo que supone un paso más hacia la degradación de la calidad universitaria, pervirtiendo los cimientos en los que se construye la misma esencia universitaria, que ha de ser, necesariamente, una conjunción de docencia e investigación. Ni las universidades privadas que se han ido creando ni la enseñanza superior virtual pueden garantizar los recursos humanos ni las infraestructuras científicas para que dicha combinación sea posible. Esto debilita, por tanto, la calidad de la enseñanza universitaria en nuestro país.
Mientras tanto, la Universidad Pública languidece sin una financiación adecuada, con parte de las plantillas claramente envejecida y la otra parte en situación más que precaria, con unos encargos de trabajo docente e investigador excesivamente burocratizados y con el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el Personal Docente e Investigador (PDI) sobrecargados, sin que desde el Gobierno se ofrezcan soluciones. Esta desidia solo conseguirá destruir la Educación Superior como servicio público y dejará la formación superior accesible solo a aquellos ciudadanos y ciudadanas que puedan costeársela.
Por ello la Federación de Enseñanza de CCOO, cansada de la arrogancia del Ministerio de Universidades, le exige la apertura de un proceso de diálogo con la representación de los trabajadores y las trabajadoras en la Mesa de Negociación para definir los servicios que prestan las universidades y las condiciones de trabajo del personal docente e investigador.
COOO emplaza al Gobierno a prestar la debida atención a los continuos intentos del equipo del Ministerio de Universidades de liberalizar y desregular el servicio público de educación superior, tal y como traslucen las propuestas que a lo largo de este año ha realizado sobre titulaciones, estatuto del personal docente e investigador, reforma de la LOU y, ahora, con este RD.
