La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ofrece dar cobertura legal, sindical y administrativa al profesorado y a los centros educativos que lo soliciten.
En la línea que ha venido siguiendo, CCOO anuncia que continuará denunciando cualquier intento de hostigamiento, intimidación y coacción a los centros educativos y al profesorado en el libre ejercicio de su profesión y en el desarrollo de contenidos curriculares en concordancia con la normativa vigente.
Hace algunas semanas, la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) puso en marcha una campaña informativa y de denuncia a aquellas organizaciones que, con sus actuaciones, materiales o propuestas están incurriendo en un delito de discurso de odio, denunciando ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Europea a la organización Hazte Oír por sus materiales y la campaña sobre el PIN Parental.
En FECCOO nos parece de una extraordinaria gravedad lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas con la presión que intentan ejercer las organizaciones ultracatólicas al profesorado. Queremos poner de manifiesto que los centros educativos ya cuentan con un proceso consensuado, colegiado y de control de las actividades que se realizan, pasando por la aprobación de los cauces establecidos en la normativa educativa.
Esta misma semana, en Castilla y León, CCOO ha mostrado el rechazo a la tramitación de una propuesta de ley que busca suplir a la que ya estaba registrada y contaba con el consenso social. Consideramos que el nuevo texto vulnera los derechos del alumnado y de las familias LGTBI en materia educativa y en otros aspectos relacionados con la salud o la identidad.
Más grave aún nos parece la querella contra el colegio Escultor Vicente Ochoa de Logroño, presentada por parte de la Asociación Española de Abogados Cristianos, los mismos que han solicitado medidas cautelarísimas para que los monjes benedictinos puedan acceder a la basílica del Valle de los Caídos. Por nuestra parte daremos apoyo y cobertura legal, sindical y administrativa al profesorado y a los centros educativos que lo soliciten.
Nos parece especialmente preocupante el hecho de que algunas organizaciones ultracatólicas pongan en tela de juicio la legislación vigente, sin mencionar la gravedad y la inseguridad que deben estar sintiendo el alumnado LGTBI y sus familias.
FECCOO exige una ley de protección de las personas LGTBI en el ámbito educativo y una protección de nuestro ordenamiento jurídico ante actos provocadores e incitadores al odio. Además, insta a las comunidades autónomas que están en proceso de tramitación de las leyes LGTBI –Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Asturias– a que estas se negocien de acuerdo con el consenso social necesario, el debate parlamentario suficiente y, sobre todo, las garantías de preservar los derechos de las y los menores que permitan su desarrollo en entornos de seguridad y buen clima escolar.
De igual manera, reiteramos la intención de poner nuestros servicios jurídicos al servicio del profesorado que lo necesite y el apoyo explícito al cumplimiento de la normativa educativa y la legislación existente.
También instamos a la Administración educativa para que ofrezcan la seguridad jurídica a los cuerpos docentes, equipos directivos, madres y padres ante estas medidas coactivas.
Es necesario respetar los consensos sociales, huyendo de éticas privadas y valores individuales de grupos que solo conducen a actitudes discriminatorias y enfrentamientos. El derecho de las personas a una educación con garantías está por encima de cualquier convicción particular.
