Este documento da continuidad a las actuaciones que el sindicato lleva realizando desde febrero para asegurar que quienes participen del proceso de oposición tengan garantizada su salud.
El sindicato inició en febrero una campaña de presión para que las diferentes administraciones educativas pusieran en marcha un plan para garantizar la seguridad y la salud de las casi 170.000 personas que participan de los procesos selectivos. Desde entonces hemos planteado nuestras exigencias por carta a los consejeros y consejeras de Educación de cada autonomía y a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, así como en cada una de las mesas de negociación convocadas para la regulación de las oposiciones.
Entre otras reivindicaciones y entendiendo el contexto de pandemia, CCOO plantea para los próximos procesos selectivos:
- Reducir el número de personas opositoras por tribunal.
- Aumentar el número de tribunales y de sedes evitando aglomeraciones y desplazamientos entre provincias, islas, etc.
- Garantizar espacios que permitan ventilación y distancias de seguridad.
- Establecer protocolos claros, tanto para tribunales como para las personas opositoras.
- Asegurar el acceso justo a las oposiciones para las personas que se encuentran en cuarentena, enfermas por coronavirus, en gestación, con tratamientos oncológicos o cualquier otra causa justificada que impida la realización de la prueba en las fechas establecidas.
- Contemplar condiciones específicas para personas de especial vulnerabilidad ante el virus.Fijar permisos por desplazamientos para el examen.
- Determinar fechas comunes de realización de pruebas en todo el territorio estatal.
- Mejorar las condiciones de trabajo para los tribunales, aumentar las causas de exención voluntario a tribunal en casos de vulnerabilidad justificada e incluir la corrección telemática.
En el informe se puede comprobar que algunas de las exigencias planteadas no han sido recogidas por las administraciones, poniendo así en riesgo la salud de las personas que integran el tribunal y de quienes aspiran a conseguir una de las plazas.
Además, CCOO ofrece un análisis sobre la situación de la temporalidad en la enseñanza pública que demuestra que las administraciones incumplen el Acuerdo de mejora del empleo público firmado en 2017, por el cual se comprometieron a reducir y mantener la temporalidad en un máximo del 8%.
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