Se ha solicitado abrir un proceso de negociación para igualar la situación de ambos colectivos.
Como es conocido, el sistema de copago farmacéutico de los funcionarios es diferente de los beneficiarios de la Seguridad Social. Aunque ambos datan de la segunda mitad de la década de los 70, el de la Seguridad Social ha tenido algunas modificaciones, mientras que el de los funcionarios ha permanecido inalterado desde entonces.
Durante la crisis, el gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de garantía de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejora de la calidad y seguridad de sus prestaciones, donde establece para la dispensación pública de medicamentos un sistema de aportaciones según las diferentes rentas y el copago de los pensionistas. Los pensionistas del Régimen General estaban exentos de pago desde el Real Decreto 1065/1980. No obstante, la nueva normativa estableció un copago del 10% del PVP, y unos topes mensuales entre 8 y 18 euros, según los tramos de renta.
Sin embargo, resulta incomprensible que esta modificación de 2012 no se hiciera extensible a los funcionarios que, como hemos dicho, se han seguido rigiendo por la legislación singular desde los años 70. Frente al 40% que paga un activo de la Seguridad Social, que pasaba a estar exento cuando se jubilaba, el funcionariado paga un 30%, independientemente de su situación de activo o pasivo. Según la memoria de Muface de 2016, el importe medio anual de copago por pensionista ascendió a 609,39€. Es decir, esta media triplica el pago máximo que tendría que realizar un beneficiario de la Seguridad Social. Por tanto, resulta obvia la diferencia de copago entre un régimen y otro, así como la grave discriminación que sufre el funcionariado pensionista en este tema. Es necesario tener en cuenta que en el colectivo de pensionistas se concentran las mayores necesidades de plurimedicación, como consecuencia de la mayor incidencia de enfermedades debidas a la edad.
Conocedores de esta situación, los representantes de CCOO en la entidad pedimos una reunión bilateral con la dirección de Muface en la que tratamos varios asuntos, este entre ellos. La reunión se celebró en enero pasado y la dirección de Muface reconoció y compartió nuestra preocupación. Afirmó que estaban trabajando en una fórmula por la que se pueda poner un tope a los precios de determinados medicamentos al efecto de que el porcentaje de copago para los pensionistas no supere el 17%.
Para CCOO esta medida no puede ser el resultado final, pero exigimos su inmediata puesta en marcha, para que pueda paliar parcialmente la actual situación de los pensionistas funcionarios, mientras se consigue, bien revertir los recortes que condujeron al copago o bien que se produzcan los cambios legislativos que permitan equiparar en este tema a los jubilados funcionarios de Muface con los del régimen general, habida cuenta de que el copago para los funcionarios jubilados supone un verdadero “impuesto sobre la enfermedad” de cuantías muy importantes.
Por todo ello, hemos solicitado la apertura del correspondiente proceso de negociación, que analice cuál es la normativa actual sobre este tema, y se estudien y acuerden las medidas que se puedan adoptar para que el coste farmacéutico no dependa en exclusiva de la situación de partida del pensionista, (mutualista o trabajadores del régimen general de la Seguridad Social), sino de un derecho a la igualdad de condiciones en situaciones comparables de necesidad, ya que viene a ser esta etapa de la vida donde las necesidades de tratamientos farmacéuticos son más necesarias, y donde la situación económica del pensionista necesita de una mayor cobertura para garantizar un jubilación de calidad.
