La Federación de Enseñanza de CCOO ha exigido al Ministerio de Educación y Formación Profesional que se negocien las condiciones del teletrabajo en el ámbito educativo, tanto en las reuniones que se han mantenido como en los documentos de propuestas de inversión, medidas educativas y de seguridad y salud presentados de cara al próximo curso.
En el nuevo informe sobre “Teletrabajo en el ámbito educativo, curso 2020-2021”, el sindicato hace hincapié en la necesidad de retomar la docencia presencial a partir de septiembre, pero, de cara a nuevos periodos en los que sea necesaria la educación en línea, pone el foco en los aspectos que deben ser negociados y acordados con la representación de las personas trabajadoras. El texto recoge exigencias en materia de seguridad, plataformas, provisión de medios, derecho a la desconexión, derecho a la intimidad y la propia imagen, seguridad de los datos, etc.
En la propuesta, que se ha remitido al Ministerio de Educación y Formación Profesional, se exige la negociación de la carga lectiva y de trabajo que el personal educativo debe asumir. Según una encuesta realizada por CCOO, el 83,5% de las personas participantes ha reconocido haber solventado dudas del alumnado, con frecuencia o casi todos los días, fuera del horario laboral e incluso los fines de semana.
Además de las condiciones en las que se da el teletrabajo, la Federación de Enseñanza de CCOO destaca que este debe ir acompañado necesariamente de un plan de inversión en digitalización que dote de recursos y plataformas al personal educativo y a los centros, así como al alumnado y las familias, de manera que tengan acceso a medios y apoyos para seguir la actividad educativa.
Asimismo, es imprescindible un plan de formación dirigido al personal educativo que le permita adquirir y/o desarrollar todas las habilidades y conocimientos necesarios para hacer frente a la atención educativa en línea.
El sindicato considera que es responsabilidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional regular este aspecto con carácter estatal, ya que afecta a las condiciones laborales del personal educativo y, por lo tanto, deben abordarse en el marco de la negociación colectiva.
