La Federación de Enseñanza denuncia que obedece a intereses distintos a los que deben guiar una educación de calidad.
"El Gobierno pretende justificar la implantación de la asignatura de educación financiera a través de estudios por encargo"
CCOO recuerda, en relación a los resultados de la prueba PISA de competencias financieras hechos públicos ayer, que no hay ninguna asignatura en el actual currículo centrada en estas competencias y, por tanto, no hay profesorado que la imparta. Además, la reforma educativa que comenzará a aplicarse a partir del próximo curso profundiza en el academicismo y en el exceso de contenidos de los currículos españoles y apenas deja lugar para nuevas materias.
Frente a quienes defienden una asignatura de educación financiera basándose en los datos de la evaluación de competencias financieras costeada por el BBVA, la Federación de Enseñanza de CCOO antepone la necesidad de primar una educación de calidad. A este respecto insiste en que el Gobierno del PP ha suprimido la asignatura Educación por la Ciudadanía (EpC), contradiciendo los acuerdos firmados por los ejecutivos españoles (PP y PSOE) en el marco de la Unión Europea; y ha impulsado la asignatura de religión católica y su alternativa, en cuyo diseño ha participado directamente la Conferencia Episcopal. Ningún organismo internacional ha hecho mención a la necesidad de mantener la EpC ni a la importancia que tienen los Derechos Humanos Universales como guía fundamental.
CCOO pone en duda la necesidad y eficacia de una materia de educación financiera y cree que obedece a intereses distintos a los que deben guiar una educación que garantice el éxito escolar de todo el alumnado. El Gobierno pretende justificar la implantación de la asignatura de educación financiera a través de estudios por encargo, completando así una gran reforma ideológica que supone un cambio en los valores defendidos por el sistema educativo.
De esta forma, la educación financiera se une a la educación religiosa más integrista, a la educación para emprendedores y a la legalización de los conciertos a los centros que segregan por sexo. Se trata de un paso más para legitimar la desigualdad y favorecer el control de las élites económica y religiosa sobre la mayoría de la población; que nada aporta a la educación de los jóvenes; y que daña el proyecto de una sociedad más justa e igualitaria.
