El sindicato denuncia que el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades legisla en función de los interlocutores a los que recibe, haciéndose eco de algunos problemas que aquejan al sistema, aunque las respuestas y soluciones que está emprendiendo son parciales e insuficientes.
En el Real Decreto Ley 3/2019 de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y Universidades, publicado el sábado día 9 de febrero de 2018, se contemplan aspectos tan diversos y divergentes como:
- El régimen de control interno de la gestión económico-financiera de los organismos públicos de investigación (OPIS) de la Administración General del Estado.
- La posibilidad de concertar operaciones de crédito como consecuencia de los anticipos reembolsables que se financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional o al Fondo Social Europeo, en los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y las universidades públicas no transferidas, así como los consorcios, fundaciones y otras entidades de derecho público que sean agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y se encuentren adscritos al Estado.
- La colaboración de empresas privadas con la Agencia Estatal de Investigación para la comprobación de subvenciones y ayudas concedidas en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y del Plan Estatal de Innovación.
- El apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos, si no pueden cumplir con las correspondientes obligaciones de pago, mediante la solicitud del aplazamiento de cuotas de amortización con vencimiento en 2019 derivadas de préstamos o anticipos concedidos.
- La ampliación, hasta un máximo de quince años, del plazo de amortización de los préstamos universitarios. Si el destinatario no sobrepasa el umbral de base imponible general y del ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 22.000 euros los préstamos concedidos quedarán paralizados al menos hasta diciembre de 2019 previa solicitud de novación.
- La posibilidad de suscribir convenios sujetos al Derecho Administrativo de agentes públicos de financiación o ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación entre sí, o con agentes privados que realicen actividades de investigación científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización conjunta de diferentes actividades. Con una duración entre cinco y diez años prorrogables por cinco o siete años adicionales dependiendo de la naturaleza del convenio suscrito.
- La implementación de medidas de igualdad en los procedimientos de selección y evaluación del personal docente e investigador al servicio de las Universidades públicas, y del personal investigador y de investigación al servicio de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado. Las medidas explicitadas ni siquiera reflejan los supuestos contemplados en el Estatuto Básico del Empleado Público ni en la Ley de Igualdad, y además será el Gobierno el que regule como serán tenidas en cuenta.
- La posibilidad de que las administraciones públicas, organismos públicos, universidades públicas y otras entidades del sector público y que no tengan ánimo de lucro, puedan realizar contratos indefinidos, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia, para la ejecución de planes y programas públicos de investigación científica y técnica o de innovación y financiados mediante consignaciones presupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter finalista. Aunque entendemos que este apartado intenta paliar los numerosos contratos que hay en fraude de ley en entidades públicas su redacción puede ser interpretable y su ejecución puede suponer un problema, tanto por el propio texto como su vinculación con la tasa de reposición actual de las entidades públicas.
- La consideración de contratos menores los contratos de suministro o de servicios de valor estimado inferior o igual a 50.000 euros que se celebren por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre que no vayan destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación. Esta medida es positiva en cuanto a que agilizará determinadas compras menores de los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- CCOO ha indicado al Ministerio que hay muchos temas importantes que no se abordan en este RD como son la temporalidad y precariedad en la contratación de personal o la permanencia de la tasa de reposición en las universidades y la escasa financiación para la Ciencia, entre otros muchos.
- El Ministerio, tras le reunión que hemos mantenido hoy con el Secretario General de Universidades, aún no tiene respuesta a las demandas planteadas por CCOO de derogación del RD Ley 14/2012 y de constitución de la Mesa de Negociación de Universidad.
- CCOO considera, como demuestran las medidas del propio Real Decreto, que hay descoordinación y falta de ambición del Ministerio en cuanto al diseño de la política y armonización del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
