La Federación de Enseñanza de CCOO exige como primera y más importante iniciativa la paralización de la aplicación de la LOMCE en las diferentes comunidades autónomas. Esta ha de ir acompañada de una "transición educativa" que debería culminar con la derogación definitiva de la ley, tal y como se comprometió a hacer una amplia mayoría parlamentaria en el momento en que se produzca un cambio de gobierno estatal.
Las elecciones del pasado 24 de mayo darán lugar a nuevos gobiernos autonómicos y municipales que deberán tomar decisiones urgentes en educación para frenar el expolio vivido durante los últimos años y recuperar la calidad que, a duras penas, nuestro sistema educativo ha mantenido gracias al trabajo conjunto de docentes, familias y alumnado.
La ciudadanía española ha votado en contra de las políticas conservadoras ejecutadas por el Partido Popular y ha apostado por las políticas progresistas que defendemos desde CCOO. En este contexto, la Federación de Enseñanza de CCOO plantea a los equipos de gobierno de las comunidades autónomas surgidos de los últimos comicios cinco medidas educativas fundamentales para construir un modelo capaz de afrontar los problemas reales de la educación.
Son las siguientes:
1. Paralización de la aplicación de la LOMCE y apertura de un proceso real de diálogo y consenso con la comunidad escolar que dé lugar a un proyecto compartido que convierta a la educación en una verdadera prioridad en nuestro país.
2. Reversión de los recortes y compromiso de una financiación suficiente de al menos el 7% del PIB para todo el sistema educativo. Recuperación de los más de 32.000 puestos de trabajo docente perdidos desde 2012 y diseño de un plan de empleo que elimine la tasa de reposición y dote a la educación pública de suficientes profesionales.
CCOO defiende que los fondos destinados a gasto público educativo e I+D+i no deben computar en los porcentajes de déficit público o deuda pública a la hora de cumplir con los programas de estabilidad de la UE y que el retorno en términos de progreso, bienestar y cohesión social es impagable para cualquier país.
3. Eficacia en la gestión del sistema educativo público en las diferentes comunidades autónomas, con la implantación de medidas que aseguren la calidad educativa desde la primera infancia y la educación a lo largo de la vida más allá de la mera empleabilidad.
4. Impulso de una educación superior a la altura de las nuevas demandas sociales y productivas, de marcado carácter público y basado en la planificación y la colaboración. Paralización de los dos reales decretos que modificarán los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, así como el ya aprobado que modifica la ordenación de las enseñanzas universitarias y da entrada a los grados de tres años y los másteres de dos.
5. Apertura de las mesas de negociación con los sindicatos para dar solución a los problemas del sistema educativo y atender a las necesidades del profesorado y del personal de servicios educativos y sus condiciones laborales, de manera que se garantice el ejercicio de los profesionales de la educación con calidad y dignidad y se ponga fin al contexto de degradación profesional y laboral que hemos sufrido durante los últimos años. Procurar que esas condiciones sean adecuadas es un derecho del colectivo docente, pero también un importante factor de calidad de la enseñanza.
