Durante estos días se están desarrollando las distintas pruebas de la fase de oposición para docentes en todo el Estado. Los datos manejados por CCOO confirman lo que el sindicato ya advirtió al anterior equipo del Ministerio de Educación: habrá plazas que se quedarán sin cubrir.
Tras la firma del Acuerdo para la mejora del empleo público, en el que se acordó la reducción de la temporalidad en las administraciones al 8%, que en ámbitos como el educativo supera el 25%, CCOO exigió al Ministerio de Educación que negociase un modelo extraordinario de acceso a la función pública docente. El anterior equipo del Ministerio desoyó las reivindicaciones de CCOO y dio carpetazo a este tema con una negociación exprés y sin voluntad de acuerdo.
Las propuestas de CCOO iban encaminadas a acordar un modelo extraordinario de acceso debido a la situación especial que se iba a vivir en los siguientes procesos de oposiciones, donde, según cálculos del sindicato, tendrían que convocarse alrededor de 150.000 plazas. La petición de un modelo extraordinario responde a lo que ya ha sucedido en otros periodos, como cuando se implantaron la LOGSE o la LOE, con un gran volumen de plazas a estabilizar. En la situación actual, el sindicato considera que se han de aprobar medidas que den respuesta a miles de docentes que no han podido obtener la plaza por culpa de los recortes en la oferta de empleo público, así como dotar al proceso de mayor coherencia y transparencia.
Para CCOO es imprescindible que las pruebas de la fase de oposición no tengan un carácter eliminatorio, de manera que la persona aspirante pueda demostrar todas sus competencias y no solo las teóricas, muchas de ellas ya acreditadas en la formación inicial. De esta forma, todas las personas podrán acreditar también las competencias pedagógicas y didácticas que corresponden a la segunda prueba con la defensa de una programación y de una unidad didáctica. En las pruebas realizadas en los últimos días, en algunas especialidades y comunidades autónomas solo entre un 15-20% ha pasado el corte del primer examen, lo que supone que un 80% no podrá demostrar las competencias pedagógicas y didácticas.
Además, se pone de manifiesto que el proceso requiere de medidas que garanticen una mayor transparencia. Para ello, es imprescindible que los criterios de corrección y evaluación sean públicos con suficiente antelación y se puedan consultar las correcciones del examen.
En noviembre de 2017, el PSOE, junto con Unidos Podemos, aprobaron una Proposición No de Ley donde se recogían estas medidas, y en la Conferencia Sectorial de Educación ocho comunidades propusieron cambios en este sentido. Por todo ello, CCOO pide que el Ministerio de Educación abra lo antes posible una negociación que permita que las próximas convocatorias incorporan estos elementos.
