El miércoles 9 de abril se aprobó en las Cortes de CyL la Ley de Autoridad del profesorado sin la escucha y participación de docentes, familias y alumnos.
La Federación de Enseñanza de CCOO de CyL manifiesta su disconformidad hacia una Ley que no proporciona un reconocimiento social al docente y aparece dentro de un clima de recortes educativos que se quieren ocultar bajo la “cortina de humo” que pretende generar. Este reconocimiento debería llegar desde el respeto hacia nuestro trabajo dentro de una Escuela Pública de calidad lo cual, sí que dignificaría nuestra labor docente. Actualmente, esto no está sucediendo.
Además, entendemos que ser considerado autoridad a “todos los efectos” supone para el profesorado más inconvenientes que ventajas.
Por ello, la Federación de Enseñanza de CCOO en CyL con motivo de la aprobación de la Ley de Autoridad del profesorado de la Comunidad que reconocerá al colectivo como autoridad pública, quiere hacer las siguientes consideraciones:
1ª. Si lo que pretenden con esta futura ley es “vendernos” que el profesorado puede ser considerado autoridad a efectos de posibles agresiones, lesiones o insultos, para conseguir esa protección únicamente hay que modificar el art. 24 del Código Penal.
2ª. Esta modificación solamente pude realizarse en las Cortes Generales, por lo que cualquier ley de comunidad autónoma no tendrá efectos jurídicos.
3ª.La dotación por ley de rango de “autoridad pública” a los profesores supondría una condición legal permanente y unos inconvenientes a efectos penales (y no sólo derechos) que ahora no tenemos, por ejemplo:
- Comunicar la enfermedad de un alumno/a a otro profesor/a se convierte en delito de revelación de secretos (art. 198 CP).
- Interpretar las normas se convierte en delito de prevaricación (art. 204 CP).
- Delito de desacato por desobediencia (art. 410 CP).
4ª. La dignificación de la labor de maestros y profesores y la mejora de la convivencia en colegios e institutos tiene que ir de la mano de la mejora y dignificación de la Escuela Pública, dotándola de medios, infraestructuras e instalaciones suficientes, rebajando el número de alumnos por aula, de forma que se pueda tratar adecuadamente la diversidad y también, por ejemplo, evitando que el ejercicio del derecho a la libertad de elección de centro se convierta en coartada para la existencia de guetos educativos, tal y como denunció el año pasado el Procurador del Común.
Para lograr la dignificación de la figura de los docentes sería pues importante que se frenara el deterioro de la Escuela Pública, para lo cual la educación debería dejar de considerarse otro gasto más a recortar, para pasar a entenderla como una inversión de futuro.
