El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) presenta una propuesta centrada en cinco ejes, entre el que se encuentra la universalización de la oferta educativa de 0 a 3 y de 16 a 18 años.
CCOO defiende un acuerdo cuyo objetivo sea reforzar la calidad y equidad del sistema educativo. De ahí que, esta mañana, en su intervención ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados en la que se aborda la negociación de un Pacto Educativo, Francisco García Suárez, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, haya esgrimido la necesidad de poner fin a la LOMCE, a los recortes y a los decretos de universidad que comprometen la igualdad de oportunidades y haya reclamado un espacio específico para abordar el debate de la educación superior.
Tras recordar que los recortes –de 9.000 millones en la educación no universitaria y de 1.500 en la educación superior– han asolado el sistema educativo y argumentar que recortes y LOMCE son dos caras de la misma moneda, García ha enumerado los derechos educativos del siglo XXI que deben orientar el Pacto Educativo y los requisitos necesarios para impulsar una docencia de alto nivel (ver cuadros-resumen). Para garantizarlos, ha presentado una propuesta centrada en cinco ejes:
- Alcanzar un compromiso de financiación que permita recuperar una inversión en educación del 5,09% de PIB y fijar un horizonte en el que se llegue al 7%.
- Establecer la programación general de la enseñanza como criterio para organizar la red frente a la libertad de elección de centros.
- Asegurar que las Administraciones promueven la educación pública como garante de su universalización.
- Avanzar en la universalización de la oferta de 0 a 3 y de 16 a 18 años a través de la extensión de la red pública de centros.
- Garantizar en la nueva ley un sistema de auditorías de las contrataciones, la escolarización y la participación democrática de las familias en la gestión de los centros sostenidos con fondos públicos.
Asimismo, García ha exigido que la comunidad educativa participe como parte activa en el Pacto Educativo. “No queremos que nuestro papel se limite a dar nuestra opinión y entregar nuestros informes. Si queremos que el Pacto Educativo sea un acuerdo social y no meramente político, debe impulsarse un escenario en el podamos debatir y negociar”, ha afirmado el secretario general de FECCOO.
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Un pacto requiere una nueva ley: derechos educativos del siglo XXI Una nueva ley de educación, lejos de aumentar la reglamentación, debe reforzar los derechos educativos ante la evolución científica, tecnológica, económica y social. 1. El derecho a la educación es un derecho de ciudadanía, que debe ser garantizado por los poderes públicos. 2. El derecho a la educación comprende el acceso gratuito al sistema educativo. Se debe avanzar hacia la gratuidad partiendo del criterio de que nadie se quede sin la plaza escolar que necesita por motivos económicos. 3. El derecho a la educación requiere un currículum común que integre los distintos saberes necesarios para ejercer la ciudadanía responsable y una vida personal plena. Requiere también un currículum diversificado que permita a cada persona desarrollar oportunidades propias y valiosas para su vida y la vida común. La investigación, la creatividad y el trabajo cooperativo deben formar parte de los objetivos educativos. 4. El derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva. La diversidad es un valor para el aprendizaje y la cooperación. La pluralidad es condición para la formación de criterio propio. 5. El derecho a la educación engloba la educación para la convivencia, la paz y el cuidado del ecosistema. 6. El derecho a la educación comprende el acceso a espacios y recursos adecuados, incluidos los dispositivos TIC y la conexión a la red. 7. El derecho a la educación implica el derecho a una comunidad educativa real y a un ecosistema educativo no segregador. 8. El derecho a la educación incluye el derecho al juego libre y al ocio educativo y creativo. 9. El derecho a la educación se debe extender a lo largo de la vida, en sincronía o en alternancia con el trabajo. 10. El derecho a la educación incorpora el derecho a la participación en los proyectos y procesos de toda la comunidad educativa. 11. El derecho a la educación incluye la acogida, la orientación y el acompañamiento del alumnado, y cuando son menores, de sus familias. Este derecho implica el reconocimiento de títulos y acreditaciones en la UE, el desarrollo de la competencia plurilingüe y la reserva de plazas para la movilidad durante el curso escolar. 12. El derecho a la educación precisa del derecho a la compensación cuando se parte de situaciones de desventaja. |
Pactar la docencia de alto nivel
1. Negociación de los tiempos laborales en educación, que asegure la formación, el trabajo en equipo, la investigación y la preparación de proyectos de innovación.
2. Completar las plantillas con más especialidades docentes y no docentes.
3. Los cambios en las plantillas por aplicación de nueva normativa se han de resolver sin despidos, para lo cual proponemos negociar planes de recolocación y de formación.
4. Erradicar el empleo precario en educación.
5. Plan para rejuvenecer las plantillas, con jubilaciones anticipadas y parciales y contratos de relevo.
6. Confección de un código ético de las profesiones educativas, con un proceso amplio de participación.
7. Garantizar la participación democrática de los y las profesionales de la educación en los proyectos y la gestión de los centros, recuperando las funciones de toma de decisiones de los consejos escolares.
8. Cambio en la selección de directores y directoras que asegure la participación de la comunidad educativa y que incorpore la perspectiva de género.
9. La formación, la investigación y la innovación deben tener más peso en la promoción profesional. Nos oponemos a sistemas de pago por resultados.
10. Mejorar los procedimientos de gestión de personal: provisión, movilidad, cargas de trabajo, horarios y resolución no judicial de conflictos. Se habrá de garantizar la transparencia de los procesos y la capacidad de representación y defensa colectiva.
11. Creación de instrumentos de apoyo a los y las profesionales de la educación que proporcionen:
- Acompañamiento en el ingreso a la profesión.
- Formación sobre el proyecto y las normas del centro, en caso de cambio de puesto de trabajo.
- Servicio de apoyo psicosocial, técnico y jurídico.
12. La independencia de la función inspectora, con un modelo que priorice las funciones de asesoramiento, de supervisión pedagógica y organizativa con carácter técnico y de participación en la evaluación de los centros, los programas y los servicios.
