La propuesta debe contemplar la atención de todo el alumnado, de las familias y de las y los profesionales de la enseñanza, y estar cofinanciada por las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación. El sindicato también entiende que es necesario articular una coordinación común entre los sistemas educativo y sanitario, así como el aumento de las plantillas docentes, de orientación y de atención a la salud mental.
Hace ya un año que Pilar Alegría, ministra de Educación y FP, anunció un Plan de Salud Mental que se ha concretado en la publicación del acuerdo de la Conferencia Sectorial para la asignación de 5 millones de euros a las comunidades autónomas y que el Ministerio se compromete a reeditar para el próximo curso escolar.
CCOO entiende que un verdadero plan para proteger la salud mental de la comunidad educativa no puede sustentarse en un mero acuerdo puntual de repartición de fondos estatales, sino que requiere de inversión presupuestaria de las CC. AA., estrategias comunes, sistemas eficaces de coordinación entre el sistema educativo y sanitario, y, sobre todo, un aumento sustancial de las plantillas docentes, las redes de orientación públicas y los y las profesionales de salud mental del sistema público de salud.
El Gobierno central tiene la competencia para elaborar una norma que contemple los recursos públicos suficientes para mejorar la atención a la salud mental de la sociedad en su conjunto y de la comunidad educativa, en particular. No ejercer esta competencia dificultará, sin duda, que la salud mental de la comunidad educativa esté atendida y favorecerá que las administraciones autonómicas busquen fórmulas privatizadoras que puedan atender a otros intereses particulares.
Esta necesidad de que las propuestas de mejora de la educación vayan acompañadas de recursos públicos ya la expresó CCOO en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar en relación con el desarrollo de la figura de coordinación de bienestar en los centros educativos, exigiendo una norma base que obligase a aumentar un cupo a jornada completa en cada centro para asumir estas tareas. Esta norma no ha llegado todavía, y el resultado es que muchas autonomías no han invertido ni un solo recurso personal en los centros para esta tarea. Evidentemente, allí donde no se ponen recursos, se dificulta que las funciones de coordinación de bienestar se realicen con suficiencia.
