Es prioritario establecer un Mapa de la Formación Profesional, contemplado en la Ley de FP (art. 95), que permita planificar y programar una oferta suficiente de plazas públicas. Por otra parte, la aparición de nuevas figuras educativas y el aumento de los proyectos que realizan los centros de FP requieren de una dotación horaria y de plantillas para garantizar su éxito.
El sindicato asegura que dichos desajustes lastran a la población trabajadora en general y, en particular, a los y las jóvenes, desde la anterior crisis.
Ante la presentación del borrador del nuevo Real Decreto de Ordenación de la Formación Profesional que desarrolla la Ley 3/2002 de ordenación e integración de la FP, la Federación de Enseñanza de CCOO pone el foco sobre los aspectos que permitirán contener las desigualdades que se mantienen desde anterior crisis, la pandemia y de las políticas neoliberales puestas en marcha por los gobiernos conservadores. La dotación presupuestaria actual nos brinda la oportunidad de poner en marcha un modelo que garantice el derecho a una educación pública que responda a las demandas de la población y a la mejora de la formación de la ciudadanía con plenas garantías de inserción laboral. No obstante, desde CCOO instamos al Gobierno a mantener y ampliar la inversión, más allá de los fondos europeos del mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La LOMCE y sus normativas segregadoras convirtieron la Formación Profesional en una etapa de contención para estudiantes con menos recursos y sin éxito académico, y abrió las puertas a la participación de agentes con ánimo de lucro. La FP Básica, la imposición de la FP Dual, la ausencia de la negociación colectiva, las tasas públicas en los ciclos formativos, el aumento de las ratios, la privatización de la oferta y su sustitución por la modalidad en línea, son algunas de las políticas realizadas que se han perpetuado, sin evaluación alguna de su impacto sobre el nivel educativo y la transición al mercado de trabajo.
Las evidencias nos demuestran, diez años después, que se mantienen o se han acentuado las diferencias entre CC. AA. en abandono educativo, en las tasas de finalización de la FP Básica, en el porcentaje de oferta pública, una diferencia de más 12 puntos en la implantación de la FP Dual y la calidad en su implantación.
La tendencia de la formación a distancia sigue al alza, con aumento muy importante de la oferta privada, con más de 140.000 personas cursando una titulación profesional en esta modalidad que, al no existir suficiente oferta pública, esconde enormes desigualdades socioeducativas.
Los últimos datos de la EPA alertan de un aumento del abandono educativo –un 13,9% de jóvenes entre 18 y 24 años que carecen de titulación de Secundaria de segunda etapa (4º ESO, FPB, Bachiller, Grado Medio o Superior) y no recibe educación ni formación, con un total de 481.559 personas jóvenes (295.037 hombres y 187.751 mujeres)–. En los últimos cursos, miles de personas se han quedado sin plaza pública de FP y 300.000 personas pagan este curso por una titulación en centros privados.
El Plan de Modernización de la FP contempla alcanzar al 40% de los 11 millones de personas en activo que carecen de titulación profesionalizante y sin acreditación de su experiencia profesional. Así, según datos del Ministerio, 3,35 millones de personas en activo, menores de 55 años, sin acreditación, deberán cursar una formación profesional de distinto grado. Por ello, es prioritario establecer un mapa que permita planificar y programar la oferta suficiente de plazas públicas para garantizar el derecho a la educación (art. 109 LOMLOE), y obtener datos actualizados del mercado laboral y de las necesidades de empleo por sectores productivos. A su vez, el desarrollo del Observatorio Público de la FP, sin injerencias empresariales, es imprescindible.
CCOO considera urgente definir un plan de lucha contra el abandono educativo basado en la prevención, la orientación, el acompañamiento y los recursos de apoyo al alumnado con más dificultades, mediante la implantación de los departamentos de orientación educativa y laboral en todos los centros de FP, con dotaciones acordes al alumnado y a su diversidad.
Los nuevos servicios que contempla la Ley deben concretarse con un modelo de integración flexible y ágil para dar respuesta a las necesidades, sin afectar la organización ni las condiciones laborales del personal docente. La mayor parte de los recursos disponibles, más de 1.000 millones de euros, se destinarán a la acreditación y la formación de población activa y desempleada, y representan una inyección económica a los centros. Quienes realicen estas tareas educativas deberán incorporarse a las plantillas y reforzar el sistema público, mediante las bolsas docentes, los incrementos de jornadas parciales y las bolsas públicas del personal formador de empleo.
Hay demanda para incorporar personal cualificado en determinados sectores tecnológicos y el Sistema de Formación Profesional ha de disponer de los suficientes recursos para dar respuesta a los sectores emergentes. Sin embargo, la escasez de profesorado en algunas especialidades limita el incremento de la oferta y la formación, por lo que es imprescindible que la Administración haga atractiva la docencia de la FP y mejore sus condiciones laborales.
La relación público-privada debe ser recíproca, basada en la corresponsabilidad. Esto se mide con parámetros tangibles como la calidad de la inserción laboral, la relación contractual de la formación Dual, la cotización de las prácticas no laborales, etc., aspectos que deben concretarse mediante la negociación colectiva.
Desde CCOO seguiremos profundizando en el análisis del borrador y realizaremos las aportaciones durante la tramitación normativa. En tanto, instamos al Ministerio de Educación y Formación Profesional a redactar una normativa que garantice los derechos formativos de la ciudadanía, fortaleciendo el sistema público con la aportación suficiente de recursos.
