CCOO exige que las oposiciones docentes se desarrollen con transparencia y máxima seguridad

Insta a la Consejería de Educación a cumplir el compromiso de reducir la interinidad al 8%.

La Federación de Enseñanza se hace eco de la preocupación de miles de personas ante la ausencia de iniciativas para asegurar la celebración de las oposiciones de enseñanza con seguridad y garantía de salud para los y las participantes. También de la consternación del profesorado en su conjunto, cuya inestabilidad laboral (25% de personal temporal) redunda en la calidad y la capacidad de respuesta educativa ante la crisis sanitaria.

Con el proceso de oposiciones de enseñanza en Castilla y León en ciernes, la Federación de Enseñanza de CCOO CyL (FECCOOCYL) se ha dirigido por escrito a la Consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, para exigir medidas claras y negociadas con las organizaciones sindicales que proporcionen certidumbre y garanticen la celebración de unas oposiciones seguras para las personas que conforman los tribunales, así como para los y las opositoras.

Asimismo, ha apremiado tanto a Celaá a través de su federación estatal, como a Rocío Lucas como responsable en nuestra comunidad, a cumplir con el compromiso de reducir la tasa de interinidad al 8% alcanzado en marzo de 2017 y consignado en el Acuerdo para la mejora del empleo público, tal y como el sindicato viene reclamando desde entonces.

La crisis sanitaria, política y social derivada de la pandemia por la Covid-19 impidió la realización de las oposiciones de profesorado durante el pasado curso en Castilla y León y en la mayoría de las CCAA, lo que ha provocado que el porcentaje de temporalidad en nuestra región alcance el 25%. Una cifra que tendrá que ser revisada una vez que se disponga de los datos de la incorporación de docentes en el sistema educativo público durante el presente curso escolar y la necesaria reposición de personas jubiladas.

En concreto, el sindicato pide negociación para:
Unas oposiciones seguras con medidas entre las que destacan las siguientes:

Reducir el número de opositores por tribunal.
Aumentar el número de tribunales y de sedes evitando aglomeraciones y desplazamientos entre provincias.
Garantizar espacios que permitan ventilación y distancias de seguridad.
Establecer protocolos claros tanto para tribunales como para las personas opositoras.
- Asegurar el acceso justo a las oposiciones para las personas que se encuentran en cuarentena, enfermos por coronavirus, en gestación, con tratamientos oncológicos o cualquier otra causa justificada que impida la realización de la prueba en las fechas establecidas.
- Contemplar condiciones específicas para personas de especial vulnerabilidad ante el virus.
- Fijar permisos por desplazamientos para el examen.
- Mejorar las condiciones de trabajo para los tribunales. Aumentar las causas de exención voluntaria a tribunal en casos de vulnerabilidad justificada. Inclusión de corrección telemática.

Reducir la interinidad al 8%:

Aprobación de una oferta de empleo público amplia de 3.750 plazas, frente a las 1.324 convocadas en la última oferta, lo que provocó que votáramos en contra.
Aumento del valor de la experiencia al máximo permitido por ley.
Un proceso que no sea una carrera de obstáculos: simplificación, reducción y eliminación del carácter eliminatorio de las pruebas.
Garantizar la trasparencia del proceso, promover criterios de valoración públicos y facilitar la revisión de las pruebas.
Mejorar las condiciones materiales de los tribunales y las personas opositoras.