El sindicato afirma que la externalización precariza el servicio y pone en riesgo a personas trabajadoras y menores, e insta a las administraciones a tomar sin dilación las medidas necesarias.
Bajo el lema “Basta de excusas. Por un trabajo digno y seguro”, CCOO convocó ayer concentraciones en todo el Estado para denunciar la precariedad laboral en el sector de reforma juvenil y protección de menores. El sindicato viene reclamando a las administraciones públicas medidas concretas contra las externalizaciones temerarias de servicios, así como protocolos claros de seguridad para profesionales y menores. La protección a la infancia no puede convertirse en un negocio a costa de la precariedad de quienes velan por el bienestar de las y los menores.
Las concentraciones, que reunieron a cientos de personas trabajadoras, surgen como respuesta al deterioro de las condiciones laborales en un sector estratégico para la protección de menores en riesgo de exclusión o bajo medidas judiciales. CCOO denuncia que la externalización de estos servicios a empresas privadas ha generado un modelo basado en la precariedad, con salarios bajos, contratos temporales y falta de recursos.
El sindicato no puede permitir que la gestión de menores vulnerables dependa de empresas que priorizan el recorte de costes sobre la calidad del servicio. Esto no solo perjudica a las personas trabajadoras, sino que pone en peligro a los propios menores. Más del 90% de los centros están gestionados por entidades externas, muchas de ellas sin experiencia específica. Esta externalización deriva en precariedad laboral, falta de formación especializada, rotación constante de plantillas, escasa inversión en áreas críticas, como la gestión de conflictos o la salud mental, y ausencia de protocolos unificados para actuar ante situaciones de violencia, autolesiones o fugas en los centros.
Cuando la persona trabajadora no tiene estabilidad laboral, condiciones laborales dignas ni herramientas para manejar casos complejos, el sistema falla. Y, al final, quienes pagan las consecuencias son las personas trabajadoras y las y los menores.
Las movilizaciones se producen en un contexto marcado por la intención del Ministerio de Juventud e Infancia de tramitar un Real Decreto para regular los estándares de calidad en los centros del sistema de acogida.
El proyecto debe garantizar un marco sólido de derechos laborales para las personas trabajadoras, incorporando medidas que aseguren su formación continua y evitando situaciones en las que las personas educadoras trabajen en solitario. Además, tiene que establecer límites a las externalizaciones para evitar perpetuar el modelo actual, retornando la gestión a las administraciones públicas para asegurar empleos dignos, garantizar ratios adecuadas de profesionales por menor, y regular un marco estatal acerca de la formación continua y protocolos de actuación para prevenir riesgos, con equipos multidisciplinares y apoyo psicológico a las personas trabajadoras y menores.
