El sindicato reclama que los criterios para la desescalada no han sido negociados con las organizaciones sindicales representativas del profesorado.
CCOO comparte que la vuelta a la actividad lectiva presencial se produzca en septiembre, pero entendemos que las excepciones que se han regulado pueden dar pie a algunas CCAA a interpretarlas de forma abusiva.
En todo caso, para el sindicato las decisiones que finalmente se tomen tienen que estar presididas por la protección de la salud del profesorado, del alumnado y del personal de administración y servicios. Desde este punto de vista, instamos al Ministerio de Educación a negociar con las organizaciones sindicales representativas un Plan Integral de Prevención frente al Covid-19 que contemple todas las medidas necesarias para garantizar la salud de todos los presentes en los centros educativos, desde al acceso a las pruebas diagnósticas, pasando por la dotación de equipos de protección individual (EPI), por las medidas que permitan mantener el necesario distanciamiento… Este plan, tiene que tener su concreción en cada una de las autonomías.
Para CCOO algunas de las medidas anunciadas tienen más que ver con la conciliación que con la educación. Especialmente llamativo resulta el caso de Educación Infantil, etapa en la que el Gobierno ha previsto que se acoja en los centros educativos al alumnado cuyos progenitores acrediten que tienen que trabajar presencialmente. Se trata de una medida claramente orientada a la conciliación, que deja de lado el carácter educativo de la etapa, pero que además puede poner en riego la salud de profesorado, alumnado y personal de apoyo, ya que en esta etapa resultará especialmente complicado garantizar las medidas de protección para evitar el contagio. Uso de mascarillas, higiene de las manos, evitación del contacto físico y mantenimiento de la distancia de seguridad, entre otras, son cuestiones difíciles de garantizar a esas edades.
La formulación de que podrán asistir a los centros los estudiantes especialmente vulnerables de cualquier curso requiere de un mayor detalle, de lo contrario puede convertirse en un criterio laxo que permita una enorme amplitud de interpretación.
En este sentido, CCOO entiende que la vuelta del alumnado de los centros de Educación Especial no puede quedar sujeto exclusivamente a la voluntariedad de las familias, si previamente no ha existido una planificación y evaluación de la actividad que garantice una adecuada atención.
Por otro lado, la Orden EFP/365/2020, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del siguiente ante la situación de crisis ocasionada por el Covid-19, establece en su Anexo II, apartado 7, que se pondrá en marcha un “comité de expertos” para abordar los planes de contingencia para el próximo curso y analizar la experiencia acumulada.
CCOO entiende que las organizaciones sindicales más representativas tienen que estar en ese comité. No se puede preparar el curso sin la participación de las y los representantes del profesorado. Menos aún en este caso, en el que habrá que preparar un inicio de curso que nos permita enlazar con los contenidos esenciales del tercer trimestre que han quedado sin desarrollar y en el que hay que poner a disposición de los centros los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo esta tarea.
Por otro lado hay que abordar una reflexión sobre tiempos y espacios escolares que nos permita atender a la evolución de la pandemia. Todo ello va a exigir incrementar las plantillas de los centros educativos y los recursos materiales, lo que es tanto como decir que hay que hacer de la educación una prioridad política y presupuestaria.
