Es urgente el diseño de una estrategia que incluya tanto medidas preventivas como actuaciones efectivas, y que se destinen los recursos necesarios para su puesta en marcha y desarrollo.
Los riesgos psicosociales son la principal causa de deterioro de la salud en el sector educativo, según diversos estudios, aunque, paradójicamente, existe una gran infradeclaración de este tipo de patologías, por lo que la mayoría de las veces no se llega a establecer una relación directa entre estas enfermedades psicosociales y su evidente origen laboral, con claras consecuencias en el funcionamiento de los centros y los derechos de las personas trabajadoras.
Por ello, desde CCOO afirmamos que es necesario actuar de manera decidida con medidas urgentes para afrontar este importante desafío, destinando los recursos necesarios para prevenir y atender específicamente los problemas emocionales, los riesgos psicosociales y la salud mental.
Las administraciones educativas deben entender la importancia de aumentar significativamente las partidas presupuestarias para el tratamiento y la prevención de todos los problemas derivados de las afecciones de salud mental en el ámbito educativo. Para ello es primordial atender de manera integral a toda la comunidad educativa (profesionales, alumnado y familias), desde una perspectiva sociocomunitaria y con coordinación entre todos los servicios públicos: el propio sistema educativo, los servicios sociales y sanitarios, con un refuerzo decidido en todos ellos.
Por todo esto, la Federación de Enseñanza de CCOO pide al Ministerio de Educación la elaboración de un plan integral, en colaboración con la comunidad educativa, y para el que aporta las siguientes propuestas concretas de actuación:
Mejorar las condiciones laborales del profesorado. La sobrecarga de trabajo, burocracia y funciones –sin los apoyos y recursos necesarios– y las ratios elevadas, son algunas de las principales causas de estrés y síndrome de burnout que genera un gran malestar emocional y desemboca en problemas cada vez más graves. Este es el primer punto donde hay que incidir, reduciendo la jornada laboral y el horario lectivo, y poniendo más recursos para repartir mejor las tareas. Es también imprescindible incrementar los recursos de la red de orientación (orientadores/as, PTSC, etc.), plantilla extra para la figura de coordinación de bienestar y los apoyos necesarios para la atención a la diversidad.
Por otra parte, es necesario reforzar y potenciar la labor preventiva de los comités de Seguridad y Salud en el Trabajo que todas las administraciones educativas deberían tener, algo que hoy en día no es así en todo el Estado, y hacer valer y cumplir el papel que en materia de prevención le concede la actual Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales a los servicios de Prevención. Y es necesaria una regulación específica de la salud laboral docente con especial atención a los riesgos psicosociales.
Específicamente para la atención e intervención en todos los casos es necesario un incremento en las y los profesionales de salud mental, con una atención preferente y especial a los centros y a la comunidad educativa.
CCOO ya denunció y puso de manifiesto todas estas necesidades del sistema en su informe de inicio de curso y cuantificó el incremento de plantilla necesario en algo más de 84.000 efectivos docentes, a lo que hay que añadir el resto de las y los profesionales.
