Vuelve a solicitar la convocatoria inmediata de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
En la reunión celebrada en la tarde de ayer, 30 de enero, entre las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, y la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se ha manifestado por parte del Gobierno la imposibilidad de concretar compromisos de cara a la negociación en el ámbito del empleo público, toda vez que los cambios están condicionados a la negociación que se produzca con las diferentes fuerzas parlamentarias de cara a la hipotética aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. No obstante, como criterios generales de referencia, se ha centrado en aquellos aspectos que ya se indicaron en los acuerdos de la Conferencia de Presidentes Autonómicos del pasado día 17 de enero y sobre los que CCOO ya se manifestó.
CCOO, como primer sindicato de las Administraciones Públicas, considera que es necesario que el Gobierno adquiera compromisos explícitos de iniciar la negociación previa a la presentación del proyecto de Ley de PGE 2017 y convoque la Mesa General de Negociación de las AA.PP. para que, en el seno de la misma, se articule un proceso de negociación de más largo alcance que pueda restablecer el derecho efectivo a la negociación colectiva en el ámbito público y recoja, en un escenario plurianual, la recuperación del poder adquisitivo perdido, la reversión de los derechos recortados con la legislación de crisis y un impulso a la creación de empleo y la mejora de la calidad del mismo como garantía para la prestación de más y mejores servicios públicos. Además, el sindicato insiste en que “con carácter básico, a iniciativa del Gobierno, se hurtaron los derechos de las empleadas y empleados públicos. Por tanto, con el mismo carácter han de restituirse y permitir su recuperación en la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas y en las entidades locales”.
Asimismo, el Área Pública de CCOO señaló en una nota el 16 de enero que es imprescindible para el sindicato la necesidad de convocar una Oferta de Empleo Público excepcional, que se cuantifica en las 356.000 plazas presupuestadas, que no implican incrementos presupuestarios y que en la actualidad están cubiertas de forma precaria, lo que supone una devaluación de las condiciones del personal de las Administraciones Públicas y de los servicios públicos. “En dicha propuesta venimos insistiendo desde que, en el pasado mes de junio, hicimos la propuesta al Gobierno”.
Según CCOO, cualquier actuación que se pretenda efectuar en lo relativo a plantillas y ocupaciones necesita de la apertura de los correspondientes espacios de interlocución entre las Administraciones y los sindicatos, retomando la convocatoria de las mesas de negociación establecidas y reguladas, abriendo el Diálogo Social de forma leal y transparente, con la plena incorporación de las demandas que CCOO y otros sindicatos hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos años, como es la eliminación de la tasa de reposición, la revisión para su actualización del EBEP y la recuperación de la negociación colectiva como un instrumento determinante para la normalización de las relaciones laborales en el ámbito de todas las Administraciones Públicas.
El Área Pública de CCOO señala que no solo se debe hablar de aquello que le interese al Gobierno, en permanente campaña de imagen, “que es necesario e imprescindible atender a las demandas de las personas que trabajan en las diferentes Administraciones, concretándose incrementos salariales que permitan la recuperación de poder adquisitivo, el restablecimiento de los múltiples derechos recortados con la excusa de la crisis económica, entre los que se significan permisos, complementos a la incapacidad temporal, jornada, etc.”
CCOO concluye que “el Gobierno vuelve a tener la pelota en su tejado y no es solo con declaraciones como puede hacerse frente al grave proceso de deterioro de los servicios públicos y del Estado del bienestar, que sus políticas han infringido”.
