La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha anunciado que el alumnado de FP cotizará a la Seguridad Social por el periodo de prácticas en las empresas y que esta cotización será subvencionada por el Gobierno. Esta medida responde a una petición histórica del sindicato para regular y facilitar la labor de la Inspección de Trabajo ante el abuso frecuente de este tipo de prácticas, además de generar en el alumnado derechos de pensión y de atención en caso de accidente de trabajo.
El Real Decreto Ley 28/2018 introdujo la obligación de cotizar por el alumnado que realiza prácticas no laborales para todas las empresas o entidades; sin embargo, la oposición de la CRUE y las Cámaras de Comercio hizo retrasar esta medida que finalmente se incluyó en el acuerdo de la Mesa de Diálogo de Pensiones y Seguridad Social de 2021.
Con la publicación de la nueva Ley de FP se incrementan notablemente las prácticas curriculares obligatorias, entre 100 y 200 horas, en el régimen general, desplazando la formación del centro educativo a la empresa, sin haber valorado previamente si hay suficientes empresas y entidades para acoger y formar a más de un millón de estudiantes que actualmente cursan FP, y sin haber establecido los mecanismos de supervisión que garanticen la calidad y la corresponsabilidad de la formación fuera del centro.
Este aumento no es significativo a título individual, pero puede ocasionar problemas a los centros y al alumnado en territorios o sectores con déficit de empresas y obligar a la Administración a tomar medidas extraordinarias para facilitar la titulación del alumnado, como ya ocurrió durante el confinamiento, sustituyendo parcial o totalmente las prácticas por módulos en el centro.
Durante el trámite parlamentario de la Ley desapareció del borrador el límite de formación que pueden impartir las empresas o entidades en régimen avanzado, y se aplazó la implantación del contrato de FP hasta el 31 de diciembre de 2028, lo que genera serias dudas sobre la aplicación de esta mejora y sobre la corresponsabilidad en la formación de estas entidades que han manifestado abiertamente su oposición al contrato formativo y a la extinción de la beca.
Para CCOO, este incremento de formación fuera del centro resulta excesivo y, en ningún caso, ha de suponer una reducción de las plantillas docentes. Como ya expusimos en la tramitación de las enmiendas a la Ley, deben blindarse, a través de una normativa básica, las horas de seguimiento, tutoría y coordinación de la formación realizada fuera del centro, y garantizar su calidad mediante la supervisión de la Administración con los efectivos necesarios para ello.
