El sindicato demanda que la Conferencia Sectorial, que se celebrará mañana 27 de agosto, sirva para avanzar decididamente en un retorno a las aulas que vele por la seguridad de toda la comunidad educativa.
La Federación de Enseñanza de CCOO ha venido demandando una vuelta a la presencialidad que garantice las condiciones de seguridad en todo el Estado y también reclamando, tanto al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) como a las CC. AA., criterios y compromisos claros que permitan atender a los retos que la nueva normalidad plantea en el sector. Hasta ahora la respuesta de las administraciones educativas ha sido decepcionante. Los acuerdos de la Conferencia Sectorial no tienen carácter vinculante y permiten el descuelgue de las autonomías, que pueden no respetar las ratios y distancias recomendadas.
El nuevo curso y la apuesta por la presencialidad van a exigir a los centros extremar las medidas higiénico-sanitarias para garantizar la salud de profesorado, alumnado y personal de administración y servicios; incrementar las plantillas de profesorado y otros profesionales para posibilitar el desdoble de grupos que permita respetar las distancias de seguridad, incrementar el personal de limpieza para garantizar la higiene y desinfección, dotar a los centros de personal de enfermería, hacer las necesarias obras para habilitar los espacios y atender a la reducción de la brecha digital, así como fortalecer la educación en línea como una parte fundamental, que ha de complementar y oxigenar la necesaria presencialidad.
La inversión educativa se hace necesaria y urgente, así como la necesidad de implementar mecanismos de ámbito estatal que incidan en el control de los fondos transferidos a las CC. AA., para que estos vayan realmente a educación. Por ejemplo, el Gobierno central tiene mecanismos de control para controlar esos recursos que no afectan a la estructura de las transferencias, como la condicionalidad a la hora de recibir nuevos ingresos.
CCOO reivindica que, en el reparto de los fondos europeos, la educación no quede relegada, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Así, hemos reclamado que la educación reciba al menos el 5% de ellos (serían aproximadamente 7.500 millones de euros). Si sumamos a esta cifra los 9.000 millones de euros que se perdieron con los recortes, deberían destinarse al menos 17.000 millones de euros al sector, es decir, el equivalente al 11,3% de dichos fondos.
Las CC. AA., salvo contadas excepciones, acarician la idea de una vuelta al cole low cost, cuando no a coste cero, aunque ello nos enfrente al riesgo de un nuevo confinamiento educativo que gravitará sobre el alumnado (especialmente el más desfavorecido), las familias y el profesorado; debilitará el derecho a la educación, reforzará las brechas de la desigualdad e irá en desmedro de la escuela pública. Por ello, CCOO promoverá movilizaciones en aquellas autonomías que no garanticen una vuelta a la presencialidad segura.
Por otra parte, la Conferencia Sectorial debe tomar de forma conjunta las medidas necesarias y urgentes para garantizar la continuidad educativa de todo el alumnado que vive en una situación de riesgo de pobreza y vulnerabilidad, para que ni la brecha digital ni la falta de recursos se conviertan en nuevos actores de exclusión y desigualdad.
Exigimos que se acabe con esta indefinición que genera inseguridad entre el profesorado, el personal de administración y servicios y los equipos directivos, a los que las administraciones educativas están trasladando una presión insoportable, sin poner a su disposición recursos ni instrumentos para acometer los retos que se plantean.
Desde CCOO demandamos a la Conferencia Sectorial del 27 de agosto respuestas e iniciativas claras para que los centros educativos puedan volver a abrir en condiciones seguras.
