CCOO viene combatiendo de forma sostenida los recortes que se han ido produciendo en los últimos años en las Administraciones Públicas, en particular la injusta e injustificada supresión de la paga extraordinaria de las empleadas y empleados públicos del año 2012, para lo que se han realizado acciones de movilización y actuaciones jurídicas en todos los ámbitos.
Fruto de todo ello, y tras el reconocimiento por los Tribunales, al menos, del cobro de la parte proporcional de la paga extra devengada, en el mes de diciembre se abre un período de negociación con la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de lo dictado en sentencia.
Sin renunciar al objetivo de la devolución íntegra, desde el principio, CCOO ha planteado que el pago de esta parte se hiciera de inmediato en el año 2014, y si la Junta pretendía el pago aplazado, el acuerdo debería incluir la recuperación de otros derechos perdidos.
A pesar de las declaraciones de la Consejería de Hacienda y AA.PP. manifestando, en febrero, que estaba dispuesta al abono de forma inmediata de la parte devengada, la oferta realizada en la última reunión celebrada es rechazada de forma unánime por todas las partes, pues se pretende diferir una parte del pago al año 2015 sin contraprestación, reiterándose las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF en su propuesta de que se abone de manera inmediata y en un solo pago.
La postura que mantiene la Consejería de Hacienda, además de irresponsable, está rayando en la ilegalidad al incumplir lo dictaminado por los Tribunales en cuanto al reconocimiento al pago de la parte ya devengada de la paga extra. Para ello, no es necesario un acuerdo con la representación sindical ni se puede argumentar que no se proceda al pago por falta de dicho acuerdo.
CCOO no se ha negado a agotar la negociación, y si hay un cambio de postura por parte de la Consejería para firmar un acuerdo que sea más beneficioso para el conjunto de empleadas y empleados de la Junta de Castilla y León (incluyendo a las/os trabajadores de las Universidades Públicas de CyL y a las/os de la enseñanza concertada con pago delegado), lo valorará. Pero hasta entonces, la responsabilidad del pago recae única y exclusivamente en la Consejería de Hacienda, y en sus manos está cumplir con la legalidad declarada por los Tribunales.
Fruto de todo ello, y tras el reconocimiento por los Tribunales, al menos, del cobro de la parte proporcional de la paga extra devengada, en el mes de diciembre se abre un período de negociación con la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de lo dictado en sentencia.
Sin renunciar al objetivo de la devolución íntegra, desde el principio, CCOO ha planteado que el pago de esta parte se hiciera de inmediato en el año 2014, y si la Junta pretendía el pago aplazado, el acuerdo debería incluir la recuperación de otros derechos perdidos.
A pesar de las declaraciones de la Consejería de Hacienda y AA.PP. manifestando, en febrero, que estaba dispuesta al abono de forma inmediata de la parte devengada, la oferta realizada en la última reunión celebrada es rechazada de forma unánime por todas las partes, pues se pretende diferir una parte del pago al año 2015 sin contraprestación, reiterándose las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF en su propuesta de que se abone de manera inmediata y en un solo pago.
La postura que mantiene la Consejería de Hacienda, además de irresponsable, está rayando en la ilegalidad al incumplir lo dictaminado por los Tribunales en cuanto al reconocimiento al pago de la parte ya devengada de la paga extra. Para ello, no es necesario un acuerdo con la representación sindical ni se puede argumentar que no se proceda al pago por falta de dicho acuerdo.
CCOO no se ha negado a agotar la negociación, y si hay un cambio de postura por parte de la Consejería para firmar un acuerdo que sea más beneficioso para el conjunto de empleadas y empleados de la Junta de Castilla y León (incluyendo a las/os trabajadores de las Universidades Públicas de CyL y a las/os de la enseñanza concertada con pago delegado), lo valorará. Pero hasta entonces, la responsabilidad del pago recae única y exclusivamente en la Consejería de Hacienda, y en sus manos está cumplir con la legalidad declarada por los Tribunales.
Valladolid, 20 de marzo de 2014
Descargar comunicado del Área Pública
