La reivindicación por parte de las CCAA dirigidas por el PP (entre ellas Castilla y León) de implantar una EBAU única en todo el territorio español es insostenible e incluso podría considerarse inconstitucional. Nos preguntamos cómo pretenden solventar dos cuestiones de vital importancia: la autonomía de las universidades para diseñar la prueba y marcar las ponderaciones, junto al hecho de que los contenidos curriculares comunes se reducen a un 50 o 60% desde que se transfirieron las competencias en enseñanza a las distintas comunidades.
Desde el año 2001, fecha de implantación del distrito universitario abierto con la LOU, asistimos a una restricción progresiva del acceso a la universidad pública, con unos números clausus que empujan al alumnado a la privada (si se la pueden costear), o bien a realizar otros estudios que no estaban entre sus primeras opciones.
La implantación de la LOU bajo el gobierno de Aznar pretendía que todas las y los estudiantes de nuestro país pudieran acceder a cualquier universidad española en función de una nota de acceso, determinada por la obtenida en el bachillerato y en la prueba de la selectividad (equivalente a la actual EBAU). Asimismo, se rebajó considerablemente el número máximo de alumnado por titulación, que se iba regulando en base a la ley de la oferta y la demanda.
En la actualidad, estos números clausus impiden una mayor financiación de plazas públicas, claramente escasas, y abren el camino a la empresa privada con un nicho de negocio de universidades en constante aumento. Desde la implantación de la LOU, los datos de crecimiento de plazas privadas son abrumadores, pasando de 140.000 matrículas en el curso 2006/2007 a 280.000 en el curso pasado, en un contexto de gran reducción de alumnado en la universidad pública, cuya pérdida en la última década asciende a 200.000 matrículas.
Dado que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en educación, el Estado fija el 60% de los currículos (el 50% en aquellas con lengua cooficial) y el 40% cada comunidad autónoma (el otro 50% las de lengua cooficial). La deducción es clara: contenidos diferentes que deberían excluirse para poder unificar la prueba, y sería precisamente ese contenido no común fijado por las CCAA. Una propuesta que choca con sus propios intereses. Apelan al mantra de la EBAU única, pero nunca renunciarían a su parte del pastel.
Otro caballo de batalla es el cálculo de la nota de acceso, cuya fórmula se basa en la nota media del bachillerato (60%) y la nota de la EBAU (40%). El peso del bachillerato es mayor y las diferencias, por tanto, están servidas: entre centros públicos y privados, rurales y urbanos, de barrios marginales y zonas acomodadas, etc. A esto se añade que la nota de la EBAU se la juegan en dos días y la variedad de ponderaciones entre las materias de mejora para el acceso a cada titulación universitaria, incluso dentro de una misma comunidad.
Existen otros criterios que permitirían mantener la necesaria autonomía de cada universidad y al mismo tiempo ser ecuánime con los resultados del alumnado, siendo uno de ellos el uso indirecto de las notas de acceso de todas las CCAA, como se demuestra en un estudio realizado por la UVa ya en 2016.
En conclusión, desde nuestra organización rogamos que se abandone el mantra populista de la EBAU única, ante todo porque no es factible, pero además porque existen otras fórmulas que garantizan la igualdad de oportunidades. Otros criterios que se deberían estudiar antes de lanzar mensajes falaces, que solo conducen a confusión, discriminación y confrontación entre las comunidades y su alumnado.
