La Federación de Enseñanza acusa a la Comisión Europea de haber sido cómplice de las políticas austericidas contra la educación pública al aceptar en su día el Plan de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno del PP que situaba la inversión educativa en un 3,9% del PIB.
Ante el informe de la Comisión Europea donde se recrimina a España la parálisis educativa, y del que se han hecho eco algunos medios de comunicación, CCOO denuncia que la misma Comisión ha sido cómplice de las políticas de recorte contra la educación pública al aceptar en su día el Plan de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno del PP que situaba la inversión educativa en un 3,9% del PIB hasta un periodo no inferior a 2019.
Para CCOO la situación de parálisis y precariedad de la educación pública española es producto de las políticas de recortes de la derecha y de la implantación de la LOMCE, una ley que ha pretendido convertir a los centros educativos en centros de instrucción: mitad cuartel y mitad seminarios. Una ley, además, técnicamente insuficiente que va en dirección contraria a todos los estudios y recomendaciones de organismos públicos y privados tanto nacionales como internacionales.
Es más que preocupante empezar un nuevo curso escolar bajo la bota legislativa de la LOMCE, una ley rechazada por el conjunto de la comunidad educativa y que va a seguir provocando tensiones entre el gobierno en funciones y la comunidad educativa por la debilidad de las políticas socioeducativas: el sistema de becas y ayudas sigue dejando a mucha gente en la calle, la baja inversión en educación y el esfuerzo que deben realizar cada curso escolar las familias para compensar los recortes; y la precaria situación de los derechos sociales, laborales y profesionales de los docentes y no docentes que trabajan en el sector, que aún no se han recuperado de los recortes salariales y de derechos.
Según CCOO, la última década ha sido de estancamiento, cuando no de retroceso. Necesitamos un salto de calidad que ponga al día el sistema educativo; que ataje en sus orígenes el abandono y fracaso escolar y la mala praxis educativa, y que garantice el éxito educativo de todas las personas.
Necesitamos la derogación inmediata de la LOMCE y una nueva ley que movilice las mejores ideas y los recursos necesarios, flexibilice el sistema y proporcione espacios para crecer; que permita construir entornos donde docentes, estudiantes y familias puedan colaborar con expectativas de futuro, situar los derechos humanos y de la infancia en el corazón de la ley, así como la laicidad y la participación. Y a la escuela pública, sin adjetivos, en el eje del sistema educativo.
