Con la aprobación de la LOSU se pretenden abordar reformas esenciales para resolver reajustes como precarización, temporalidad, envejecimiento, … Este nuevo marco legal obliga, en nuestra opinión, a la Junta de Castilla y León a adaptar la normativa autonómica en materia de universidades a la nueva ley orgánica, ya que esta establece numerosas competencias para la comunidad autónoma, muchas de ellas relacionadas con el personal de las universidades por lo que es imprescindible que se establezcan marcos estables de negociación en los que poder abordar estos asuntos. Por eso desde la FECCOOCyL pedimos a la Junta de Castilla y León, que:
• Modifique el Decreto 67/2013, de 17 de octubre, por el que se desarrolla la regulación del régimen del personal docente e investigador (PDI) contratado en las Universidades públicas de Castilla y León.
• También que se modifique el Decreto 132/2002, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los complementos retributivos autonómicos para el PDI funcionario de las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León.
• Nos gustaría tratar la posible modificación de la Ley de Universidades de Castilla y León, aprobada en 2003 y modificada por última vez en 2017, para adaptarse a la ley orgánica.
• Que se constituya una Mesa de Negociación con las organizaciones sindicales más representativas del personal de las universidades, tal y como ocurrió en el 2002, para garantizar el adecuado cumplimiento de la LOSU, como dice el artículo 102.3 de la Ley 7/2005 de la Función Pública de Castilla y León: “… se constituirán Mesas Sectoriales de negociación en los sectores específicos…” una de estas Mesas es la del personal al servicio de las Universidades.
• Proponemos, que la Junta de Castilla y León elabore una programación plurianual que, en coordinación con las universidades, nos permita aprobar un plan de financiación, que deberá cumplir con los criterios establecidos en la LOSU. Es imprescindible para asegurar una financiación suficiente del servicio público, tal y como se establece en el artículo 56, de dicha ley, en concreto en el apartado que menciona la “financiación estructural basal”.
Por otra parte, nos ha sorprendido que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León no ha autorizado las plazas pactada entre las universidades y las organizaciones sindicales de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Octava de la LOSU. Esta decisión de la administración regional implica que estas plazas únicamente se podrán convocar consumiendo tasa de reposición, lo que reducirá la oferta de empleo público en las universidades dificultando la estabilización de empleo que establece la LOSU y perjudicando al profesorado más vulnerable de nuestras universidades.
También nos sorprendió, inicialmente, la negativa de la administración regional a financiar la parte que le corresponde del “Plan Integra” aprobado por el gobierno central que supondría la contratación de 445 profesores ayudantes doctores, con una financiación de 3.439.558€ por parte del ministerio de universidades, que son imprescindibles para atender las necesidades del profesorado que tienen nuestras universidades.
Con respecto a las convocatorias de todo tipo de ayudas a la contratación de personal investigador y personal de apoyo a la investigación que hace la administración regional consideramos imprescindible que se revisen y negocien las bases de las convocatorias y las correspondientes órdenes para evitar efectos indeseados y garantizar que las universidades aplican la norma correctamente. De esta manera evitaríamos problemas como el que estamos teniendo con el abono de la cuota patronal con cargo a la cuantía destinada a la retribución del personal y no con cargo a los propios fondos de las universidades que es lo que correspondería, tal y como ha reconocido el TSJ de nuestra comunidad.
Para finalizar, decir que recientemente, en un estudio sobre el Sistema Universitario Público de Castilla y León, elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), en el que se evalúan las políticas públicas de la Junta se dice lo siguiente en relación con el cumplimiento de la Ley 3/2003 de Universidades de Castilla y León sobre sus competencias de planificación Estratégica:
“En la actualidad, la Junta de Castilla y León no cuenta con una planificación estratégica a medio y largo plazo (un plan estratégico) que aborde el sistema universitario de Castilla y León ni con un plan de financiación plurianual que oriente a las universidades al logro de determinados objetivos estratégicos concretados en resultados y que reconozca a través de incentivos, a las universidades y a su personal, la obtención de los resultados que se han identificado como deseables. El único documento que recoge el marco estratégico para cuatro años publicado hasta la actualidad es el Marco Estratégico del Sistema Universitario de Castilla y León, cuyo año de publicación fue 2004”.
Consecuentemente, la AIREF finaliza su estudio realizando dos propuestas generales con las que coincidimos y siete propuestas específicas que en líneas generales podríamos compartir. Las propuestas generales que, en nuestra opinión, son fundamentales para dar respuesta a las necesidades del sistema son:
1. Elaboración de un marco estratégico plurianual para el sistema universitario de Castilla y León.
2. Elaboración de un modelo de financiación plurianual para el sistema universitario público de Castilla y León.
Si la Consejería de Educación sigue así, desde CCOO propondremos al resto de organizaciones sindicales un calendario de movilizaciones.
