La FECCOCYL alerta que organizaciones ultracatólicas, como la “Asociación Española de Abogados Cristianos”, están poniendo en riesgo las leyes de educación, la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia los movimientos que algunas organizaciones vinculadas a la extrema derecha están llevando a cabo en nuestra comunidad, como la Asociación Española de Abogados Cristianos. El fin de estas organizaciones es menoscabar el derecho a una educación cuya finalidad es el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Se trata de una campaña de odio a través de medidas como el “PIN parental”, que consiste en un documento de “Solicitud de información previa y consentimiento expreso”. Todas las actividades formativas de educación en valores que el centro contemple en su Programación General Anual respetan el ordenamiento jurídico vigente y, puesto que es un documento planificador cuya aprobación corresponde a la Dirección y su evaluación al Consejo Escolar, no debe someterse a ningún consentimiento expreso de las familias, en virtud del artículo 129.b) de la Ley Orgánica de Educación.
Con actuaciones como la denuncia a la Directora Provincial de Educación de Valladolid por charlas como la de Cristina Almeida en centros educativos, o la denuncia contra el Protocolo de Identidad de Género, la Asociación de Abogados Cristianos vulnera el derecho a la educación y pretende ilegítimamente limitar la competencia de las administraciones educativas en la programación de sus enseñanzas, que es incompatible con la autonomía pedagógica de los centros educativos, reconocida en la LOE.
Es importante recordar las diversas normativas y regulaciones que la acción emprendida por HazteOir y organizaciones ultracatólicas, como Abogados Cristianos, estaría poniendo en entredicho, como la LOMCE, la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras.
Por tanto, desde la Federación de Enseñanza de CCOO exigimos a los poderes públicos aplicar la legislación vigente en materia de igualdad y no discriminación. De la misma manera, instamos al conjunto del profesorado y de las familias a adoptar una posición proactiva para poner freno a esta campaña, que vulnera y atenta contra los derechos del alumnado y la labor docente.
