La dignidad de la persona y la universalidad de derechos deben vertebrar las actuaciones de cualquier representante público, especialmente con menores bajo una especial protección.
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) denuncia la pasividad de los partidos políticos, la inacción de la justicia y la difusión consciente o inconsciente del discurso de odio, racista y xenófobo del partido de extrema derecha, Vox, por parte de los medios de comunicación.
Resulta esperpéntico el apoyo que las propuestas y acciones del partido de ultraderecha recibe de los representantes de las administraciones públicas –como las de Andalucía, Murcia o Madrid–, sobre las que recae la obligación de protección de la infancia ante un discurso que criminaliza y responsabiliza a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, víctimas de la explotación y abuso de todo tipo, incluido el sexual, de su situación, visibilizando la incompetencia y dejación de funciones de algunas administraciones públicas, cuando no una violación de derechos fundamentales.
El art. 13 de la Constitución española recoge la protección pública de extranjeros y solicitantes de asilo y el art. 9.2 señala que son los poderes públicos los que deben promover las condiciones para que la igualdad y la libertad de las personas sean efectivas, y deben remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
La dignidad de la persona y la universalidad de derechos debe vertebrar las actuaciones de cualquier representante público y especialmente con menores. Miles de adolescentes y jóvenes aguardan un futuro incierto en nuestro país, algunos en condiciones inaceptables, incluso en su situación de protección, la que en muchos casos les empuja a la calle y les expone a peligros de los que alejamos a nuestros propios hijos e hijas.
Desde FECCOO queremos contribuir, en la medida de lo posible, a mejorar la vida de estos chicos y chicas, para que puedan continuar estudiando o puedan tener acceso al mercado laboral para normalizar sus vidas.
Instamos a las administraciones a proteger de una manera real y efectiva a los y las menores que están solos, no acompañados y/o separados, para garantizar su derecho a la educación, hacer frente a su particular vulnerabilidad y discriminación, protegerlos de todas las formas de violencia y facilitarles el acceso a soluciones sostenibles que tengan en cuenta su interés superior, lo que exige su escolarización reglada.
El reto que se nos presenta va dirigido al sistema educativo, que tiene la clave para contribuir a garantizar el derecho a la educación y ofrecer oportunidades reales de inclusión en los centros escolares y en la propia sociedad de todos estos adolescentes, jóvenes, niños y niñas en un proyecto de construcción conjunta de la democracia.
