El alumnado de Infantil y Primaria está reduciéndose de manera similar en la red pública y en la privada-concertada, pero la primera pierde unidades y la segunda no. Se están protegiendo los intereses de la gestión privada y perjudicando a la pública, siendo esta última la que asegura la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el derecho a la educación de calidad.
La Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) ha vuelto a denunciar las políticas que favorecen la gestión privada en lugar de la gestión directa pública y que siguen ahondando en la privatización del sistema educativo. Después de abordar en un estudio el enorme crecimiento que se está promoviendo de la Formación Profesional privada en detrimento de la pública, hasta un 40% de diferencia, CCOO pone ahora de manifiesto lo que está sucediendo en los centros de Infantil y Primaria.
Desde el curso 2017-2018, el alumnado ha disminuido en las dos redes de forma similar: -202.094 estudiantes (un -7,06%) en la pública y -102.265 (un -7,45%) en la privada-concertada, mientras las unidades han bajado -3.490 (un -2,51%%) en la primera y solo -72 (un -0,13%) en la segunda red. Estos números son muy impactantes y aún lo son más si nos fijamos únicamente en la etapa de Primaria donde el alumnado baja -109.563 (un -5,48%) en pública y -49.725 (un -5,24%) en privada-concertada, pero las unidades se reducen -2.081 (un -2,18%) en la primera y suben +201 (un +0,52%) en la segunda.
Así, CCOO defiende la necesidad de incrementar la oferta pública y ha puesto encima de la mesa propuestas rigurosas y razonables, pero a la vez ambiciosas, para mejorar el sistema.
Para reducir ratios, el sindicato propone que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuente doble a efectos de la ratio de su grupo. Más diversidad y más necesidades deben tenerse en cuenta, máxime cuando es el alumnado más vulnerable y con más dificultades el que más se beneficia de las ratios bajas. Hay que recordar que el 75% de este alumnado está escolarizado en la educación pública. Hacer de esta medida una realidad se estima que supondría la necesidad de contratar unos 34.717 docentes a nivel estatal.
Por otra parte, hay una gran parte del alumnado con dificultades que no está recibiendo ningún apoyo especializado de Pedagogía terapéutica (PT) y Audición y lenguaje (AL). Esta situación debe modificarse y asociar el alumnado con dificultades de aprendizaje a un incremento de plantilla de estos maestros y maestras especializadas. Para esto se requiere de 21.177 especialistas más.
Es necesario, además, un incremento de la red de orientación para la buena y ágil prevención y detección de todas las dificultades y problemas, y para su seguimiento. Debería incrementarse la red de orientación en 10.026 profesionales.
El bienestar emocional de la comunidad educativa y la protección de la infancia y la adolescencia debe tener una inversión acorde con la importancia de la problemática. Es imprescindible que la figura de coordinación de bienestar y protección no se le asigne a un docente cualquiera sin reducción de su horario normal o, en el mejor de los casos, con una pequeña reducción de horario lectivo, sino que se asigne a una persona específica más de cupo de plantilla al centro, cuyo perfil sería de servicios a la comunidad o de una figura análoga. Esto supondría un incremento de plantilla total de, al menos, 18.995, una dotación de 1,5 profesionales más de media por centro.
El total en el que deberían aumentarse las plantillas docentes a nivel estatal sería, por tanto, de unos 84.915, una media de unos 4 docentes en cada centro educativo.
En lo que respecta al PAS educativo, las necesidades de incremento de plantillas son importantes para cubrir adecuadamente todas las funciones que realizan, aumentando todos los perfiles, desde personal administrativo hasta integración social, técnicos educativos, fisioterapeutas, etc. Especial importancia merece la propuesta de dotar a todos los centros con personal de enfermería. Los efectivos necesarios serían 28.493.
La inversión necesaria para estas medidas es muy razonable, más si se tienen en cuenta su calado y sus beneficios estructurales. Supondrían una subida del 7,41% sobre el total de presupuesto educativo, un 0,70% sobre el gasto público total y un 0,33% del PIB de 2022.
Las condiciones laborales del profesorado y del resto de personal deben mejorarse para que hagan su vital labor con los tiempos, el apoyo y los recursos suficientes, y con todo el reconocimiento que se merecen. Esta debe de ser la legislatura de una negociación profunda de las condiciones laborales y del largamente esperado Estatuto Docente.
