El sindicato ha planteado la necesidad de acordar medidas de conciliación y corresponsabilidad, además de la implantación y despliegue de planes de igualdad en todas las administraciones públicas.
El Área Pública de CCOO, junto con otros sindicatos, se ha reunido con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, como primera toma de contacto con la responsable ministerial una vez producida la moción de censura.
En la reunión, CCOO ha manifestado su interés por conocer el programa de Gobierno que establecerán, poniendo especial atención en la necesidad del mantenimiento de los compromisos adquiridos con el anterior Ejecutivo, especialmente lo que se acordó el pasado 9 de marzo, con la firma del II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo. La ministra ha comunicado que asume el acuerdo y se compromete con su desarrollo.
El sindicato ha expresado en el encuentro la impostergable necesidad de avanzar en la definición de un nuevo modelo de administraciones públicas, que las rejuvenezca, recupere competencias externalizadas, devuelva los derechos arrebatados con la excusa de la crisis económica a sus trabajadoras y trabajadores, restablezca un diálogo profundo y permanente con los sindicatos a los efectos de rematar los desarrollos legislativos que en su momento se enumeraron con la firma del EBEP en 2007 y que ahora son imprescindibles para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía de una mejor Administración, más transparente, eficiente y al servicio de las personas.
CCOO ha manifestado su voluntad de abrir todos los caminos necesarios para ello, pero exige respeto a las condiciones laborales de las personas que desempeñan sus ocupaciones en el ámbito de lo público. Por ello considera que tiene que producirse un reconocimiento explícito de la imprescindible labor que para la sociedad española desarrollan las diferentes administraciones públicas y las personas a su servicio, que no son otra cosa que la expresión clara de la voluntad de la sociedad por disponer de servicios públicos bien dotados de plantillas, imprescindibles para cumplir sus objetivos, con una financiación suficiente y una profesionalización creciente para hacer frente a todos los retos que demanda la nueva sociedad española.
El sindicato ha planteado la necesidad de avanzar en un modelo de Administración que recupere espacios de actuación, que revierta privatizaciones ideológicas, sin base real que pudieran justificarlas y que lo único que han hecho es perjudicar notablemente a la ciudadanía.
CCOO considera imprescindible que se pongan en marcha, a la mayor brevedad posible, las comisiones de trabajo acordadas el 9 de marzo, cuya constitución ya se hizo con el anterior equipo gubernamental el 22 de mayo, tomando especial atención a lo relativo a retribuciones, mejora del empleo y reducción de la temporalidad, restablecimiento de los derechos de negociación colectiva con medidas como la reducción de la jornada a 35 horas, recuperación del 100 % de las retribuciones en caso de incapacidad temporal (IT), desarrollo de la carrera profesional, medidas de conciliación y corresponsabilidad, y un tema que el sindicato considera esencial por su importancia: la implantación y despliegue de planes de igualdad en todas las administraciones públicas.
“Consideramos que es inaplazable tratar la situación de representación ante los procesos de diálogo social del sector público en su conjunto, al que hay que dotar de una mesa de trabajo. Igualmente debe abordarse el abandono gubernamental en que se ha dejado a los 7.000 trabajadores del Servicio Exterior, a los que se lleva congelando los salarios desde hace 10 años, sin que los diferentes gobiernos respondan a las demandas laborales de aquellas personas que trabajan para asegurar la presencia de nuestro país en el resto del mundo”.
CCOO estima que la nueva etapa política que se ha abierto es una oportunidad que debe aprovechar el Gobierno para restablecer la confianza en el buen hacer y trabajo permanente de las empleadas y empleados públicos, garantes de la vida cotidiana a través de la enseñanza, la sanidad, los servicios sociales, la atención administrativa a las personas, la gestión de los recursos necesarios para el funcionamiento de la sociedad, las tareas de seguridad pública y otras muchas sin las que no hay Estado y no hay cohesión social.
“Nuestros objetivos: recuperar los derechos arrebatados, mejorar el empleo y las condiciones de trabajo de más de tres millones de trabajadoras y trabajadores, mejorar los servicios públicos, desarrollar la legislación que vertebra los derechos laborales en las administraciones públicas como el EBEP, dotar de continuidad el diálogo social en las administraciones que en primera instancia pasa por la negociación de los PGE 2019, con una perspectiva progresista y con la mirada puesta en la necesidad de establecer un diálogo abierto y sostenido con los sindicatos, sin apriorismos, ni condicionantes”.
