La falta de desarrollo normativo que debe realizar la Junta para la implementación de la LOSU hace que el personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico de gestión administración y servicios (PTGAS) de las Universidades Públicas desarrollen sus trabajos bajo inseguridad jurídica y precariedad económica.
La entrada de la LOSU impone cambios normativos a la Junta que no ha asumido. Hay que actualizar la Ley de Universidades que data del 2003, y en 22 años ha habido muchos cambios que no se recogen y que hace a las universidades públicas de esta Comunidad Autónoma tengan que ir "ahogadas" ante la falta de un Plan de financiación. Desde hace más de 10 y 15 años respectivamente, los Convenios Colectivos del PDI Laboral y el PTGAS Laboral están sin negociar por la inacción de la Junta de Castilla y León.
Abogamos por la defensa de las Universidades Públicas de Castilla y León y que el gobierno de Mañueco no obligue ya más a las Universidades a recortes que conllevan precariedad y perjudican la calidad de la docencia. Se necesita una financiación ajustada a la realidad de este momento que garanticen retribuciones y condiciones dignas para todos los empleados públicos universitarios.
Los cuatro sindicatos convocan a una concentración el próximo lunes 5 de mayo a las 11:00 h. en la Consejería de Educación CyL , Avenida del Real Valladolid s/n Valladolid.
Las Universidades Públicas de nuestra Comunidad Autónoma son, como dice el preámbulo de la LOSU, instituciones fundamentales en la sociedad del conocimiento en la que vivimos. De la Universidad, y del sistema educativo en su conjunto, depende la formación cualificada de las personas, y lo que ello conlleva con relación a la igualdad de oportunidades para todas y el desarrollo económico, científico y tecnológico de nuestra sociedad en momentos de cambio social y emergencia climática.
En los últimos años, la financiación pública a las Universidades de Castilla y León ha sido exigua, con recortes muy importantes y un límite de gasto impuesto por la Junta, cuyas consecuencias para nuestras Universidades Públicas han sido y son, en la actualidad, nefastas para la calidad y excelencia del sistema universitario. Los problemas son serios y se deben abordar de forma urgente: contratación de plantilla cada vez más precarizada (asociado, interinos, sustitutos o permanentes laborales), desigualdad remunerativa en relación con otras universidades públicas (somos el Personal docente e investigador y el personal técnico de gestión y administración de servicios, en términos generales, con peores salarios de España), y un envejecimiento de plantillas que están poniendo en riesgo la sostenibilidad y la calidad del sistema. Por ello, los sindicatos presentes exigen a la Junta que elabore una programación plurianual que, en coordinación con las universidades, nos asegure tener una financiación justa y suficiente.
La aprobación de la LOSU obliga, a la Junta de Castilla y León a adaptar la normativa autonómica en materia de universidades a la nueva Ley Orgánica, ya que esta establece numerosas competencias para la Comunidad Autónoma, muchas de ellas relacionadas con el personal de las universidades por lo que es imprescindible que se establezcan marcos estables de negociación en los que poder abordar estos asuntos.
Por eso pedimos a la Junta de Castilla y León:
La modificación de la Ley de Universidades de Castilla y León, aprobada en 2003 y reformada por última vez en 2017, para adaptarse a la Ley Orgánica (LOSU). Más de 11.000 (datos extraídos del CESCyL de julio de 2022) personas trabajadoras entre Personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) y Personal docente e investigador (PDI) de las Universidades Públicas dependen de ello. Se necesita un nuevo marco jurídico de regulación y coordinación del sistema universitario que estimule el dinamismo de la comunidad universitaria con el objetivo de alcanzar unas Universidades modernas que mejoren su calidad y sirvan para generar bienestar y que, en función de unos mayores niveles de excelencia, influyan positivamente en todos los ámbitos de la sociedad.Es urgente la modificación del Decreto 67/2013, de 17 de octubre, por el que se desarrolla la regulación del régimen del PDI contratado en las Universidades Públicas de Castilla y León.
Es fundamental hacerlo ya para poder dar una garantía jurídica a las nuevas figuras de PDI Laboral y dar cumplimiento a lo que se establece en la nueva ley.
También es imprescindible modificar el Decreto 132/2002, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los complementos retributivos autonómicos para el PDI de las Universidades Públicas de la Comunidad de Castilla y León.
Dichos complementos permanecen sin cambios desde hace 22 años, convirtiéndoles a día de hoy en obsoletos. Deben incrementar su cuantía y revisarse en función del artículo 76.2 de la LOSU donde recoge entre las funciones a las que se pueden vincular las retribuciones adicionales las de transferencia e intercambio del conocimiento e innovación, que no están incluidas en este Decreto.
Hace 10 y 15 años que los Convenios Colectivos del personal laboral (PDI y PTGAS, respectivamente) de las Universidades Públicas de Castilla y León se encuentra en situación de ultraactividad (prórroga) sin que se haya producido ningún avance en su negociación. Estamos ante una regulación obsoleta que no recoge las condiciones de trabajo, los derechos y los deberes de cerca de 6500 personas. Están bloqueados por parte de las universidades con el argumento de que no tienen recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades de las universidades en materia de personal, ni tan siquiera a las que obliga la LOSU. Es por ello que exigimos de la Junta de Castilla y León, como han hecho otras Universidades españolas, que habilite una partida específica para poder financiar la mejora de las condiciones del personal laboral de las Universidades Públicas y poder así garantizarles unas condiciones dignas y suficientes.Solicitamos un Dialogo Social que esta Consejería ha perdido.
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León no ha autorizado las plazas pactadas entre las universidades y las organizaciones sindicales de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Octava de la LOSU. Esta decisión de la administración autonómica implica que estas plazas únicamente se podrán convocar consumiendo tasa de reposición, lo que reducirá la oferta de empleo público en las universidades dificultando la estabilización de empleo que establece la LOSU y perjudicando al profesorado más vulnerable de nuestras universidades.
Un ejemplo evidente de ésta discriminación son las retribuciones del PDI contratado. En 2024 los salarios anuales de las dos categorías del profesorado contratado más relevantes de las Universidades Públicas de Castilla y León, el profesor ayudante doctor (PAD) y el profesor permanente laboral (PPL) creada por la LOSU y que sustituye al profesor contratado doctor (PCD) están a la cola de todas las comunidades autónomas como se puede comprobar en la siguiente tabla:
