El sindicato denuncia que, mientras que en todos los documentos previos publicitados por el Ministerio de Universidades se ha considerado al personal de las universidades públicas como sector prioritario en cuanto a la planificación del empleo público, en el anteproyecto aprobado se ha eliminado este párrafo.
CCOO considera que la Ley presentada por el Ministerio de Universidades no es la que merece ni necesita la Universidad española, sino que parece responder a las demandas ejercidas por grupos de presión concretos. Finalizada esta fase, que tacha de decepcionante, el sindicato presentará a los grupos parlamentarios aquellas enmiendas que no han sido consideradas como propuestas de mejora por el Ministerio.
La Federación de Enseñanza de CCOO lamenta que se siga desconociendo la memoria económica que debe acompañar al anteproyecto presentado y continúa cuestionando cuándo se alcanzará la inversión pública del 1% del PIB (la única referencia a financiación), teniendo en cuenta que el propio Ministerio de Universidades establece el plazo de un año para constituir, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria (donde participan exclusivamente el Estado y las comunidades autónomas), una comisión que establecerá el plan de incremento de la financiación al sistema universitario público hasta alcanzar el objetivo mencionado.
Por otro lado, muestra su desconcierto por el menosprecio mostrado hacia el personal de los cuerpos docentes estatales (profesorado titular y catedrático de Universidad). Este profesorado ha sido excluido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y de sus mesas delegadas, y marginado por el Ministerio de Universidades al no crear la Mesa Sectorial de Universidades. Otros y otras profesionales, por sus funciones y desempeño, sí merecen un tratamiento diferenciado; así, hay Mesa Sectorial de Sanidad, de Justicia o de Educación no universitaria. Sin embargo, el personal docente e investigador universitario funcionario, integrado por más de 41.500 profesores y profesoras, solo tiene derecho a que se regule su salario, carrera profesional y condiciones de trabajo en Reales Decretos, en desarrollos legislativos de las comunidades autónomas o por agencias de calidad externas. El Ministerio de Universidades niega la aplicación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) al ámbito del profesorado universitario funcionario.
CCOO destaca, asimismo, la contabilidad tramposa que hace el Ministerio en cuanto a la reducción de la temporalidad al 8%, al excluir del cómputo a casi el 19% del profesorado (profesorado ayudante doctor y al profesorado asociado de Ciencias de la Salud). A este último colectivo, además, se le penaliza en cuanto al tipo de contrato, puesto que en la disposición final segunda se señala que el régimen de sus contratos será temporal, mientras que el resto de profesorado asociado tendrá contratos indefinidos. Es más, el Ministerio incluso modifica la Ley de Incompatibilidad del personal al servicio de otras administraciones públicas para que puedan desempeñar puestos de trabajo en la esfera docente como profesorado asociado (disposición final primera).
Además, el sindicato señala un posible error del Ministerio, que ha incluido al profesorado distinguido en los procesos de estabilización contemplados en la disposición transitoria octava mediante procesos de promoción interna. Realmente es paradójico que este sea el único profesorado que no va a ser evaluado por ninguna comisión.
Otro elemento nuevo discordante que aparece en la Ley es que las comunidades autónomas puedan crear otras universidades públicas con especificidades académicas, probablemente similares a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Con la aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de la LOSU, este Gobierno no apuesta ni por la educación superior ni por la ciencia, y menos por el personal que la desarrolla, y será muy complicado que la Universidad contribuya al cambio de modelo productivo de España.
