Finalizada la tramitación de los expedientes incoados, a través de las Consejerías de Sanidad y de Educación de la Junta de Castilla y León, a la UTE Serunión-Grupo Lince Asprona, por haber servido, el 9 de octubre de 2014, sopa con larvas de gusano en seis comedores escolares de las provincias de León y Segovia, la Junta ha apreciado “incumplimientos de la legislación alimentaria” y ha decidido sancionar a dicha UTE con un multa de 134.601 euros.
En aquel momento la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León ya denunció que nos encontrábamos ante un “incumplimiento de los requisitos, estipulaciones y obligaciones de la concesión que perjudicaban los intereses de los beneficiarios del servicio” y que se trataba de un incumplimiento muy grave (como así lo demuestran ambas sanciones, tanto la de la Consejería de Sanidad, como la de la Consejería de Educación) que podría haber supuesto la resolución legal del contrato, de acuerdo con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas y en la propia Ley de Contratos del Sector Público en su art. 223 f). Lo aparentemente abultado de la multa no puede hacernos olvidar que el presupuesto de la adjudicación por lotes a Serunión en las dos provincias, León y Segovia, asciende a más de 8 millones de € (5,05 millones en León y 3,11 millones en Segovia), por lo que 134.601 euros serían sólo una pequeña parte de los beneficios de la citada empresa.
La Federación de Enseñanza de CCOO considera, por ello, una desfachatez que después del “episodio alimentario” se ratificase la concesión a la empresa y, nada menos, que hasta el año 2017. La Junta argumentó entonces, con desenvoltura, que la adjudicación se realizaba en base a la calidad y variedad de los menús, y a las mejoras en la atención al alumnado.
CCOO sigue exigiendo que se rescinda la concesión de la gestión del servicio de comedores escolares a la empresa SERUNION y considera, además, como lo hizo recientemente el Consejo Escolar de Castilla y León, que para garantizar la alimentación sana y equilibrada, se debería retomar la gestión pública del servicio y reabrir, para ello, las cocinas existentes en los centros. Dicha medida serviría, además, para crear empleo público de calidad y como ayuda para reactivar la economía local, al abastecerse los comedores con productos procedentes de un entorno cercano. Con el ahorro conseguido con la desprivatización se podría bajar el precio de los menús (Castilla y León es la cuarta comunidad con los comedores más caros, según un estudio de CEAPA) y aumentar el número de becas de comedor, lo que contribuiría a paliar los casos de malnutrición, consecuencia de la pobreza infantil (la segunda más alta de la UE después de Rumanía).
18 de enero de 2015
