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La Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León queremos mostrar nuestra total oposición a que el profesorado de Castilla y León asuma tareas sanitarias en los centros escolares. La orden que han elaborado conjuntamente las Consejerías de Sanidad y de Educación para proporcionar atención sanitaria y sociosanitaria a los alumnos y alumnas en los propios centros escolares abre la puerta a la posibilidad de que esto ocurra por cuanto establece la obligación de los equipos docentes de realizar determinadas tareas sanitarias como la custodia de los medicamentos en el propio centro o de la información sanitaria o sociosanitaria del alumnado, algo que, además, creemos que vulnera la Ley de Protección de Datos.
Mediante esta orden el personal docente pasa de tener el deber de auxilio a los niños y niñas que sufran alguna dolencia en horario lectivo, algo que es lógico, a contraer una obligación sanitaria para la que ni están capacitados ni entra dentro de sus obligaciones. La falta de delimitación de quien debe realizar estas tareas ha puesto en guardia a la Federación de Enseñanza que está viendo ampliar constantemente las competencias de las y los docentes con actividades que la Consejería de Educación programa sin contar con su personal y que no necesariamente entran entre sus competencias, como el Releo Plus o la Evaluación de Resultados, entre otros. Sin embargo, ahora, observamos el peligro de que estas actividades suplementarias entren en un terreno en el que el personal docente no tiene la capacidad suficiente para desempeñarlas ni siquiera con la formación que la orden prevé. Para la Federación de Enseñanza las actividades docentes deben ser obligación del personal docente, pero las actividades sanitarias deben ser privativas del personal sanitario y las actividades sociosanitarias deben recaer en los servicios sociales y sanitarios que, según todos los informes que se encarga de airear la Junta de Castilla y León son inmejorables en nuestra Comunidad.
Por estos motivos, desde CCOO exigimos que la norma estructure con precisión quien presta la atención sanitaria en el centro educativo, de forma que la Gerencia Regional de Salud determine en cada caso tanto el número de efectivos sanitarios que debe poner al servicio de la comunidad escolar como el tiempo de atención de las y los profesionales sanitarios asignados.
Aunque algunos centros docentes cuentan con enfermeros y enfermeras que se encargan de vigilar la salud del alumnado de dichos centros pedimos que su presencia sea más amplia y resulte suficiente para atender al nuevo servicio que la Junta quiere poner en funcionamiento y que este equipo se complemente con personal de servicios sociales para atender las necesidades sociosanitarias.
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