Ante los interrogantes planteados, el sindicato apela a la responsabilidad de las administraciones educativas ante la apertura de ciertos centros a partir del 25 de mayo en la fase II y considera prioritario, además, preparar con rigor, recursos y coordinación la vuelta a las aulas para el nuevo curso.
CCOO ha manifestado reiteradamente que la graduación de la desescalada y la vuelta a los centros tiene que venir determinada por los criterios de salud pública y educativos. Para el sindicato es de vital importancia guiarnos por las pautas de actuación sanitarias y de seguridad que en cada momento determinen las autoridades competentes.
Asimismo, la Federación de Enseñanza de CCOO afirma que no se debe olvidar que la función principal de los centros es garantizar el derecho a la educación y, en una situación tan excepcional como la que vivimos, también las condiciones laborales de las personas trabajadoras han de permitir que puedan ejercer su labor con las máximas garantías respecto de su seguridad y de la del alumnado al que atienden.
La vuelta a los centros de Educación Infantil y de Educación Especial no puede quedar sujeta exclusivamente a la voluntariedad de las familias, condicionada fundamentalmente por sus necesidades laborales. En tal caso estaríamos convirtiendo a los centros educativos en “guarderías”, dotándolos de un papel asistencial y económico para el que no fueron concebidos y del que siempre hemos huido. En este sentido, CCOO considera que existen medidas de conciliación suficientes que deben implementarse desde las políticas sociales, que no necesariamente pasan por el centro educativo, y de las cuales tenemos claros ejemplos en países de nuestro entorno, pertenecientes al ámbito de la Unión Europea.
Tanto los centros de Infantil como los de Educación Especial tienen unas características particulares que hacen necesaria una exhaustiva planificación, en colaboración con las organizaciones sindicales representativas, para iniciar nuevamente la actividad presencial. Los primeros, por la singularidad de la temprana edad de su alumnado, y los segundos, porque incorporan alumnado con necesidades educativas especiales graves que exige de apoyos especializados de alta intensidad e individualización durante toda la jornada escolar, requieren necesariamente de un trabajo previo que incorpore el carácter educativo en la vuelta a la actividad, garantizando la salud de alumnado y de sus profesionales.
En ambos casos resulta evidente que en estos momentos no se dan las condiciones para atender a una tipología de alumnado que interactúa continuamente con quienes les rodean y cuya relación con el personal que les educa se basa en una relación emocional y afectiva intensa. Mantener el distanciamiento social exigido se convierte en una misión prácticamente imposible, acentuando los riesgos de contagio.
CCOO denuncia que no ha intervenido, a pesar de nuestra insistencia ante el Ministerio de Educación, en el debate sobre los criterios pedagógicos y de seguridad en el trabajo que supuestamente se han realizado, pero que desconocemos en caso de existir. Un debate y unas medidas adecuadas deben marcar las líneas de actuación a seguir antes de poner en práctica una decisión tan controvertida y no compartida por la mayoría de trabajadoras y trabajadores que representamos los sindicatos.
Ante el mar de dudas y los interrogantes planteados, CCOO considera prioritario y razonable que la entrada del alumnado se produzca en septiembre. Esto nos permitiría disponer del tiempo suficiente para trabajar de manera conjunta sobre unos protocolos consensuados, concretos y claros. De la misma manera, las administraciones estarían en disposición de habilitar partidas económicas extraordinarias, por un lado, para hacer frente a tareas de limpieza, personal, elementos higiénicos y preventivos que permitan una mayor seguridad de las personas trabajadoras y del alumnado; y, por otro, de organizar la formación necesaria en medidas de prevención que deberían recibir las personas trabajadoras.
