Han transcurrido casi dos años desde que el Gobierno acometiera la reforma urgente de la Formación Profesional para el Empleo, dejándola en manos de entidades privadas. El resultado, según un estudio de la Secretaría de Formación de CCOO, es el desmantelamiento de un modelo basado en el diálogo y la negociación colectiva, que buscaba vincular las necesidades del mercado de trabajo con la oferta formativa, y su sustitución por un conjunto inconexo de normas pendientes de desarrollo, experimentos fracasados y promesas incumplidas.
En lo que se refiere a la formación de oferta, el estudio de la Secretaría de Formación de CCOO señala que en 2015 no se publicó la convocatoria de ayudas para Planes de Formación para trabajadores ocupados, a pesar de estar previstos 188 millones en los PGE. En 2016 la Administración publicó la convocatoria de ayudas a la formación de trabajadores por 250 millones, por primera vez en concurrencia competitiva solo para centros y entidades de formación, sin la participación de los agentes sociales. En enero de 2017 aún no se ha resuelto.
En los tres últimos años se ha generado un remanente en los fondos estatales para formación de ocupados de más de 400 millones de euros. El Gobierno no puede pretender ahorrar sustrayendo al sistema los fondos de los trabajadores para formación, inventando artificios financieros y presupuestarios que hacen que el remanente de estos fondos de formación sirva para financiar déficits de otras partidas. Las cotizaciones por formación profesional están destinadas a un único fin: la formación, como han señalado el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la formación de demanda, CCOO considera queel Gobierno solo ha satisfecho las pretensiones de la gran empresa y ha permitido el auge de consultoras-gestoras que se han aprovechado del crédito para formación de las micropymes sin dar respuesta a sus demandas de formación.
CCOO tiene un compromiso social y una responsabilidad por y para el empleo con el conjunto de los trabajadores/as y también de las empresas, al que no va a renunciar. Por ello, el sindicato apela a la responsabilidad del Gobierno para que de una vez por todas se defina un modelo de formación válido, eficaz y útil. Es necesario devolver a la formación el papel que le corresponde como instrumento para el empleo, para el progreso y para la mejora y desarrollo de los trabajadores y de las empresas. Esto solo es posible si el Gobierno trabaja conjuntamente con las organizaciones sindicales y empresariales y diseña mecanismos de participación e intervención en el diseño, el seguimiento, la evaluación y también en el control de la formación.
