El sindicato exige al Gobierno que fortalezca los sistemas de inspección y vigilancia de los centros universitarios y que promueva un sistema de financiación descentralizado que garantice una educación superior pública de calidad.
El deterioro del sistema universitario público continuará en la medida en que no se destine una partida financiera descentralizada y suficiente para garantizar su funcionamiento, dejando el camino libre al avance de la privatización en la enseñanza superior, un negocio que resulta muy atractivo. Ya ha quedado en evidencia el aumento del alumnado en la modalidad en línea ofertada por universidades privadas en el ámbito de los másteres de Educación.
Ayer conocimos el recorte del 30% que va a sufrir la Universidad Complutense de Madrid, fruto del estrangulamiento presupuestario al que viene siendo sometida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde tiempos de Esperanza Aguirre.
Por otro lado, hace unos días observamos lo fácil que es para una universidad en línea como la UNIR obtener permiso para impartir nuevos títulos de grado y máster, incluso de manera presencial, haciendo así competencia a las universidades públicas.
Cuando se redactó el borrador del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, desde CCOO señalamos que dicha regulación era insuficiente para preservar la calidad de la educación superior e impedir la afloración de universidades privadas alentadas por un negocio pujante con la connivencia de algunos gobiernos regionales. Dichas “universidades” son, en realidad, auténticos chiringuitos dedicados a vender títulos de dudosa calidad y donde las y los estudiantes, en realidad, van a hacer relaciones públicas.
El modelo que siguen estos gobiernos regionales es bastante viejo y conocido: se asfixia económicamente a las universidades públicas para dificultar su viabilidad y competitividad, mientras se mima y promociona a las privadas, con recalificaciones de suelo si es necesario. Evidentemente, esto mina la igualdad de oportunidades del estudiantado, ya que no todos los sectores sociales pueden afrontar el coste de los estudios en universidades privadas pero, lo que es peor, va en contra de tener un sistema de educación superior robusto que es el fundamento de una sociedad basada en el conocimiento y con profesionales bien formados.
Desde CCOO exigimos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que tome cartas en el asunto, fortalezca el sistema de inspección y vigilancia de los centros y títulos universitarios, y promueva un sistema de financiación estructural descentralizado, pero suficiente, para garantizar el servicio público de educación superior de calidad.
