El sindicato publica el informe ¿Es suficiente la financiación de la FP?, elaborado por la Federación de Enseñanza, en el que se evidencia la necesidad de invertir 1.000 millones de euros para crear 300.000 plazas públicas, sin tener en cuenta el coste de nuevas edificaciones ni el mantenimiento de las actuales.
La Federación de Enseñanza de CCOO presentó hoy el informe ¿Es suficiente la financiación de la FP?, en el que analiza la inversión del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) en las comunidades autónomas a lo largo de 2021 para garantizar el derecho a la educación y la formación mediante una oferta pública adecuada, y ofrecer el servicio de acreditación permanente.
Uno de los resultados más llamativos es el desigual crecimiento del alumnado matriculado en centros de titularidad pública y privada. Del 28,7% que ha aumentado el número de estudiantes en el conjunto de la FP en los últimos cinco cursos, en la pública crece 6,9 puntos en Grado Medio y 20,5 en Grado Superior, en tanto que el alumnado de centros privados lo hace en 23,3 puntos y 61,9, respectivamente.
Dos tercios del alumnado de FP (68,8%) está matriculado en centros públicos, mientras que más de 300.000 personas pagan por su formación en centros privados. El porcentaje de distribución del alumnado según titularidad varía hasta más de 30 puntos según la comunidad autónoma y la modalidad.
De igual manera, a pesar de la transferencia de los fondos ministeriales a las CC. AA. para la creación de 200.000 nuevas plazas de FP, los datos no reflejan el aumento: según el MEFP en el curso 2020-2021 se financiaron 130.000 plazas, pero el alumnado matriculado en la pública creció solo en 11.741, y en la privada, en 36.774.
Las partidas presupuestarias destinadas a la creación de nueva oferta no llegan para dotar de personal docente las plazas anunciadas y no tienen en cuenta otros gastos imprescindibles como equipos, materiales, aulario y construcción de nuevas edificaciones.
Miles de jóvenes se quedan cada año sin plaza pública de FP y se les niega un derecho reconocido por la Constitución y la LOMLOE. En España hay más de 300.000 personas obligadas a pagar por una titulación de FP en centros privados.
Las políticas educativas y la apuesta por fortalecer el sistema público condicionan los derechos y las oportunidades de las personas, su desarrollo profesional y su inserción laboral. El sistema necesita una financiación estable y suficiente para dar respuesta a los retos de la transición económica y al déficit de cualificación profesional de la población activa. Así, los centros de FP constituyen la pieza clave de las medidas de mejora de la formación, pero su actual estructura, financiación y normativa requiere una actualización urgente.
Según CCOO, se necesitan más de 1.000 millones de euros para crear 300.000 plazas públicas presenciales, sin tener en cuenta el coste de nuevas edificaciones ni el mantenimiento de las existentes.
Por todo esto, es prioritario elaborar un plan de lucha que evite la expulsión del sistema educativo público y facilite la reincorporación con garantías de las personas que han quedado fuera del sistema. La orientación, el acompañamiento, la reducción de las ratios y la mejora de la atención son medidas imprescindibles para reducir el abandono. Además, es necesario establecer un plan contra la discriminación por género en el ámbito profesional, que rompa con los estereotipos y la brecha salarial existente.
