El sindicato propone el desarrollo y aumento de las becas y ayudas en las enseñanzas no universitarias, y que estas vuelvan a ser consideradas un derecho subjetivo, para hacer frente al abandono educativo que afecta a la población comprendida entre los 18 y 24 años que, tras completar la Enseñanza Secundaria Obligatoria, no continúa ningún tipo de formación.
La LOMCE, publicada en el BOE el 10 de diciembre de 2013, no entró en vigor hasta 20 días después. En su disposición final quinta se especifica el calendario de implantación y se indica que las modificaciones en el currículo, organización, etc., para la ESO (1º y 3º) no comenzarían hasta el curso 2015-2016. De ahí que la primera promoción completa de la LOMCE que terminará estudios postobligatorios será la del curso 2020/2021. Por lo tanto, no se puede decir que la importante reducción del Abandono Educativo Temprano –se ha pasado en diez años (2008-2018) del 31,7% al 17,9%: 13,8 puntos de diferencia– sea producto de dicha ley.
Por el contrario, la LOMCE ha supuesto un retroceso en la equidad, la calidad y el derecho a la educación que ha afectado a un gran número de niños, niñas y jóvenes, además de un duro recorte en la inversión educativa y de un retroceso en los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector de la educación.
A pesar del notable descenso del abandono, aún seguimos en el vagón de cola de los países más desarrollados, por lo que urge tomar medidas que fortalezcan el derecho a la educación: la escuela pública, como eje vertebrador del sistema educativo; las medidas de mejora de equidad dentro de los centros, asignando recursos a quienes más lo necesitan; las políticas de becas y ayudas en las enseñanzas no universitarias y que estas vuelvan a ser consideradas un derecho subjetivo, como se ha recogido en una enmienda presentada por CCOO y aprobada en el Pleno del Consejo Escolar del Estado el pasado 8 de enero, que también hemos defendido en la Reunión del Observatorio de Becas y Ayudas; una financiación suficiente y equitativa y blindada de los vaivenes políticos, que permita a España situarse de una vez, y de forma estable, entre los países que más y mejor invierten en educación. En este sentido, reclamamos una inversión que compense las desigualdades territoriales, y además vinculada a proyectos social y políticamente debatidos, con objetivos y prioridades que respondan a las necesidades educativas compartidas por toda la sociedad.
No menos importante es dar un giro al actual currículo para alejarlo del carácter acumulativo y segmentario, para hacerlo más abierto y flexible, y dignificar y fortalecer una Formación Profesional de calidad que sea un referente educativo y técnico profesional tanto para los y las jóvenes como para el mercado laboral. En este momento, gran parte de la bajada del abandono escolar temprano tiene que ver con el incremento de alumnado de la FP.
