El Área Pública de CCOO demanda al Ministerio de Función Pública el cumplimiento de lo pactado y la convocatoria de una nueva mesa de negociación que incluya un aumento salarial significativo para recuperar el poder adquisitivo perdido.
El Área Pública de CCOO advierte de que convocará movilizaciones si no se culmina lo comprometido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y si no se convoca, con urgencia, una nueva mesa de negociación que incluya un aumento salarial significativo que permita recuperar el poder adquisitivo perdido a las empleadas y empleados públicos, que se encuentran en estos momentos en una situación de incertidumbre.
El Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, suscrito el 19 de octubre de 2021, ha sido fundamental para impulsar mejoras salariales y de derechos en el sector público:
Un aumento salarial acumulado del 9,8% en el período de 2022 a 2024.
La implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales, eliminando las limitaciones establecidas en la disposición adicional 144 de la Ley de Presupuestos Generales.
La estabilización del empleo público en las administraciones y en casi todo el sector público con ofertas de empleo entre 2022 y 2024, así como la autorización para tasas específicas adicionales, reduciendo la temporalidad, pero sin alcanzar los objetivos previstos.
La derogación, en algunos aspectos importantes, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, permitiendo mejoras en la negociación colectiva en las diversas administraciones.
Sin embargo, aún quedan elementos esenciales para culminar en este acuerdo, por lo que el Área Pública de CCOO exige:
La plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual Marco Español de Cualificaciones Profesionales.
La negociación de las modificaciones normativas para el pleno establecimiento y desarrollo de los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Garantía de atención presencial de los servicios públicos y un plan específico de digitalización para las zonas de menor población o en riesgo de exclusión.
Creación de empleo neto en las administraciones públicas, reducción de la temporalidad y rejuvenecimiento de las plantillas.
Digitalización, captación y retención del talento, promoción interna, formación y carrera profesional.
Llevar a cabo los cambios legislativos en el EBEP y en Seguridad Social, antes del 1 de abril, para que la jubilación parcial sea una realidad para todos los colectivos del sector público.
Además, es crucial abrir una nueva mesa de negociación para impulsar un nuevo Acuerdo Marco que nos coloque en la senda de la recuperación económica, que mejore los derechos y que permita rejuvenecer plantillas. De no abordarse todos estos asuntos con urgencia, convocaremos movilizaciones en el sector público para defender nuestros derechos.
