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La inversión es insuficiente a medio plazo. Es necesario un fortalecimiento de los centros públicos de formación, frente al protagonismo de las empresas. - La formación dual ha de estar siempre ligada a un contrato formativo, garantizando que las empresas cumplen requisitos de calidad del empleo, tutoría en el centro de trabajo bajo la responsabilidad del centro de formación, y un seguimiento por parte de la representación sindical.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional asumió en el año 2020 parte de las competencias de formación para el empleo, incluida la gestión de un porcentaje importante de los ingresos de la cuota de Formación Profesional para su financiación. Aún así, el Ministerio de Trabajo sigue siendo competente en políticas activas de empleo, uno de cuyos ejes es la formación tanto de personas en situación de desempleo como ocupadas.
CCOO hemos reclamado una única mesa con ambos Ministerios que permitiera regular una ordenación del conjunto de la formación, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la formación y al desarrollo profesional en todos los ámbitos, así como la gobernanza del sistema, cuestiones que no han sido recogidas con claridad en el proyecto recién presentado.
La Ley no puede obviar la naturaleza laboral y el papel de las organizaciones sindicales y empresariales en el desarrollo del ejercicio del derecho a la formación de la población activa.
Para el desarrollo del derecho a la formación de trabajadores y trabajadoras reconocido en el art. 4.2 del Estatuto de los Trabajadores es importante delimitar con claridad los ámbitos de actuación y garantizar la complementariedad y la eficiencia en la gestión de recursos públicos.
La inversión anunciada es insuficiente a medio plazo, ya que se nutre básicamente con los fondos europeos y con las cotizaciones laborales en concepto de formación profesional, estas últimas destinadas exclusivamente a la formación de la población activa. Sin un incremento de los fondos provenientes de los presupuestos generales no va a ser posible superar los déficits estructurales que arrastra el sistema; entre ellos la orientación académica y profesional en la ESO, el abandono educativo, relacionado sin duda con la falta de plazas públicas en los ciclos formativos; la oferta modular de FP en los centros de adultos, la escasez de oferta educativa de FP en los centros rurales etc.
Para CCOO, que la cualificación de la población activa siga mostrando una brecha en los niveles intermedios es debido a la falta de inversión en la formación profesional del sistema educativo público en los últimos años. La falta de cualificación es, en todo caso, expresión de la insuficiente garantía de los derechos a la educación y la formación reconocidos constitucionalmente.
No hay formación de calidad sin empleo estable y trabajo decente.
Nuestro país tiene un serio problema de generación de empleo, de modelo productivo y de precariedad laboral, especialmente entre la población joven. La mejora de la formación debe acompañarse de la generación de empleo de calidad, no ajustarse a un mercado de trabajo precario.
La Ley regula un incremento de horas prácticas inasumible por el actual tejido productivo
En este contexto el proyecto de Ley otorga un protagonismo excesivo a ‘la empresa’ y otros organismos intermedios en la ejecución de las políticas de formación, lo que se expresa, entre otras cosas, en el incremento de horas de formación en la empresa (formación dual), pudiendo alcanzar el 100% de su duración y sin límite de edad. No hay condiciones para incrementar las horas de formación en la empresa (ahora la matrícula en esta modalidad no llega al 4%). CCOO tememos que el impacto sea una mayor precariedad en la inserción, ya no de la población más joven, sino de toda la población activa.
Para CCOO, la formación dual ha de estar ligada siempre a un contrato formativo, garantizando que las empresas cumplen con requisitos de calidad del empleo, de la tutoría en el centro de trabajo, bajo la responsabilidad del centro de formación y con el seguimiento por parte de la representación sindical.
La reforma de la formación profesional debe impulsar el ejercicio del derecho a la formación a lo largo de la vida en condiciones de equidad. Por ello, desde CCOO reivindicamos el fortalecimiento de los centros públicos de formación frente al protagonismo de las empresas, así como su papel activo en la transformación del entorno productivo, el empleo y la demanda de cualificación, vinculando la oferta, entre otros, a afrontar los retos del cambio climático y la desigualdad social.
