El miércoles 11 de noviembre nos sorprendía la noticia en diversos medios de comunicación nacionales del cese en su cargo de un profesor de una universidad privada de Madrid por no poseer una licenciatura ni titulación suficiente para el ejercicio de la función docente; tras haber estado, al parecer, ejerciendo labores docentes universitarias durante un largo período de tiempo. Esperamos que se investigue a fondo la cuestión y que se depuren responsabilidades, pero este artículo no pretende hacer leña del árbol caído, sino que pretende servir de excusa para reflexionar sobre nuestras propias propuestas y nuestros planteamientos sobre el sistema educativo.
CCOO ha defendido siempre una educación superior pública y de calidad, que pueda estar disponible para todos los que deseen acceder a ella y permita una formación adecuada para el desarrollo personal y laboral de los alumnos. De este modo, hemos exigimos una normativa y un seguimiento de las diferentes actividades docentes que nos permita ofrecer al alumno unas garantías que eviten sorpresas indeseables como la mencionada; exigencia que debe afectar tanto a las universidades públicas como privadas.
En la universidad pública existen numerosos requisitos que demostrar, tanto para acceder a unas pruebas selectivas, como para ser finalmente contratado. Entendemos que en las contrataciones de las universidades privadas deberían también demostrar que el personal cumple con los requisitos mínimos exigibles, ¿cómo es posible que hayan tenido como docente a una persona sin titulación alguna? O fallaron los mecanismos de control, o es que no existieron. En cualquier caso, los primeros interesados en evitar comportamientos fraudulentos, estamos seguros, son las propias entidades privadas, ya que se juegan su propio prestigio.
Por otra parte, se demuestra que la actividad de una universidad no se puede regir exclusivamente por las leyes del mercado. Un alumno invierte su dinero y su tiempo en una actividad formativa intensa y el Estado debe crear el marco de protección para que los resultados de ese esfuerzo no se ponga en riesgo ante actuaciones perversas. Debemos evitar los peligros que, en general, la desregularización y la liberalización puedan ocasionar.
Parte de las críticas que realizamos ante la nueva normativa de creación de universidades es en este sentido, pues se pretende una liberalización del sector, eliminando restricciones que, en algunos casos, sí pueden ser obsoletas, pero sin crear un marco legal exigible claro y objetivo. El actual marco normativo, tal y como está recogido, permite que vuelvan a aparecer casos similares. Es por ello que esperamos se desarrollen normas que concreten más el control sobre las universidades, tanto a la hora de su creación como durante su existencia y que eviten la aparición o proliferación de sucesos de este tipo
Actualmente existen 5 universidades privadas en Castilla y León que poseen el 36% de los alumnos que están cursando un máster y el 15% de los alumnos de grado. Estas entidades están experimentando un gran crecimiento de alumnado, alrededor de un 15% desde el curso 2011-2012, sin contar con la universidad Isabel I de carácter no presencial y de reciente creación. Al contrario de lo que está sucediendo con las universidades públicas, cuyo número de alumnos decae como consecuencia de las medidas de ajuste económico, especialmente por la subida de precios públicos, por la dificultad de acceso y cuantías de las becas y el contexto de crisis económica en general; demostrándose una vez más, el aumento de la brecha existente entre los diferentes sectores sociales. Además, se sigue apostando por el desarrollo de la oferta privada, como en el Decreto de Ordenación de Titulaciones de 2013, que habilitó a la Junta a autorizar las diferentes ofertas y a suprimir las titulaciones, pero sólo en las universidades públicas, dejando al arbitrio de las “leyes de mercado” la supresión de la oferta privada. A esto se une la fuerte apuesta del gobierno central por cambiar el modelo de enseñanza, con grados de 3 años y máster de 2 años, lo cual beneficia claramente a la iniciativa privada como hemos visto por la distribución del alumnado. La oportunidad de mercado que se ofrece a estas entidades es mayor, por lo que la Administración debería asegurar una adecuada supervisión, y por supuesto, sin olvidar el cuidado de la oferta pública.
Desde la Junta ya se han anunciado reformas en el mapa de titulaciones. En CCOO estamos abiertos a toda propuesta que aumente la eficacia y la calidad del sistema universitario, pero siempre manteniendo el empleo y, sin ningún lugar a dudas, mejorando su calidad, que en algunos casos es muy deficitaria.
