La norma autonómica ha sido superada en parte por la Ley Wert, que ya atribuye este reconocimiento a los docentes
as Cortes de Castilla y León ultiman el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado. Una iniciativa que se ha visto sobrepasada en su tramitación por la Ley Wert, que ya reconoce esta catalogación a los docentes.
¿Qué aporta la ley regional si hay una estatal que ya reconoce el carácter de autoridad pública de los docentes? La respuesta es diferente en función de quien contesta.
Desde la Consejería de Educación que dirige Juan José Mateos y desde el PP de las Cortes aseguran que refuerza y desarrolla el artículo de la legislación estatal. El director general de Políticas Educativas, Fernando Sánchez Pascuala, destaca que permite una mayor agilidad a la hora de corregir conductas inadecuadas que requieran la apertura de un expediente. «Cuanto más rápida sea la corrección, mejor efecto tendrá», asegura el alto cargo de Educación.
Sánchez Pascuala resalta también que la legislación autonómica reconoce el derecho a la asistencia jurídica, que ahora la consejería proporciona, «pero sin obligación expresa, podría venir otro consejero y decidir que no lo presta».
Isabel Blanco, portavoz de Educación del PP en las Cortes, asegura que el espíritu de la ley castellano y leonesa apuesta por garantizar la convivencia escolar y dar respuesta a una «demanda y reivindicación de dar a los profesores la condición de autoridad pública, porque la enseñanza es respeto, pero cuando se pierde, qué les queda a los docentes.
«Es una ley que, a poco que rasques, ves que no aporta gran cosa», lamenta la socialista Ángela Marqués. La socialista explica que los funcionarios tienen ya reconocida esa condición de autoridad pública y que el texto la extiende al personal de los concertados. Marqués lamenta que el PP no haya aceptado incluir también el derecho a la asistencia psicológica y que la norma carezca de evaluación de impacto económico, «porque una garantía de convivencia es que los profesionales cuenten con los recursos adecuados y evitar la masificación. A nadie se le escapa lo que puede suponer un aula supersaturada de preadolescentes en dificultades para la convivencia», matiza Marqués.
Al portavoz del grupo mixto, José María González, de IU, tampoco le gusta la ley autonómica. Sus enmiendas han estado orientadas a la supresión de artículos. «Entendemos que no dignifica el trabajo de los profesores, como no lo hacen ni los recortes ni los discursos contra la Función Pública ni dar más dinero a los centros concertados, y sí puede generar problemas y ser fuente de conflictos, ya que el profesorado asume funciones de orden público», resalta José María González.
as Cortes de Castilla y León ultiman el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado. Una iniciativa que se ha visto sobrepasada en su tramitación por la Ley Wert, que ya reconoce esta catalogación a los docentes.
¿Qué aporta la ley regional si hay una estatal que ya reconoce el carácter de autoridad pública de los docentes? La respuesta es diferente en función de quien contesta.
Desde la Consejería de Educación que dirige Juan José Mateos y desde el PP de las Cortes aseguran que refuerza y desarrolla el artículo de la legislación estatal. El director general de Políticas Educativas, Fernando Sánchez Pascuala, destaca que permite una mayor agilidad a la hora de corregir conductas inadecuadas que requieran la apertura de un expediente. «Cuanto más rápida sea la corrección, mejor efecto tendrá», asegura el alto cargo de Educación.
Sánchez Pascuala resalta también que la legislación autonómica reconoce el derecho a la asistencia jurídica, que ahora la consejería proporciona, «pero sin obligación expresa, podría venir otro consejero y decidir que no lo presta».
Isabel Blanco, portavoz de Educación del PP en las Cortes, asegura que el espíritu de la ley castellano y leonesa apuesta por garantizar la convivencia escolar y dar respuesta a una «demanda y reivindicación de dar a los profesores la condición de autoridad pública, porque la enseñanza es respeto, pero cuando se pierde, qué les queda a los docentes.
«Es una ley que, a poco que rasques, ves que no aporta gran cosa», lamenta la socialista Ángela Marqués. La socialista explica que los funcionarios tienen ya reconocida esa condición de autoridad pública y que el texto la extiende al personal de los concertados. Marqués lamenta que el PP no haya aceptado incluir también el derecho a la asistencia psicológica y que la norma carezca de evaluación de impacto económico, «porque una garantía de convivencia es que los profesionales cuenten con los recursos adecuados y evitar la masificación. A nadie se le escapa lo que puede suponer un aula supersaturada de preadolescentes en dificultades para la convivencia», matiza Marqués.
Al portavoz del grupo mixto, José María González, de IU, tampoco le gusta la ley autonómica. Sus enmiendas han estado orientadas a la supresión de artículos. «Entendemos que no dignifica el trabajo de los profesores, como no lo hacen ni los recortes ni los discursos contra la Función Pública ni dar más dinero a los centros concertados, y sí puede generar problemas y ser fuente de conflictos, ya que el profesorado asume funciones de orden público», resalta José María González.
