Estimado Consejero:
Las diversas disposiciones que tanto por el Gobierno del Estado como por el de la propia Comunidad de Castilla y León han dictado desde el año 2010, han supuesto que el conjunto de sus empleados públicos hayan visto ampliada la jornada y modificadas a la baja o suprimidas algunas de sus condiciones de trabajo en general y sus retribuciones, permisos y vacaciones en particular.
A este respecto, son especialmente significativas tanto el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y que supuso una reducción de las retribuciones, como el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que amplió la jornada hasta las 37,5 horas semanales, suprimió la paga extraordinaria del mes de diciembre y rebajó las vacaciones y permisos. Ambas normas, generaron una cascada de nuevas leyes y reglamentos para que sus efectos les fuesen de aplicación inmediata a los empleados públicos de Castilla y León, mediante normativa específica.
El pasado sábado, el BOE publica el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía que, entre su articulado, el capítulo primero “Medidas en materia de empleo público” devuelve al personal del sector público el derecho a la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 y en segundo lugar devuelve también los permisos y vacaciones fruto de las modificaciones llevadas a cabo en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Asimismo, en el capítulo segundo y para la Administración General del Estado, se establecen los oportunos y necesarios Créditos extraordinarios y Suplementos de Crédito, de forma que hacen posible todo lo anterior para los empleados públicos del sector estatal, no así para los de esta Comunidad, que queda supeditada su entrada en vigor a que exista un acuerdo de Gobierno y a la suficiencia presupuestaria.
Desde CCOO entendemos que los empleados públicos al servicio de las administraciones y organismos públicos de la comunidad de Castilla y León están sufriendo discriminación desde el pasado sábado al no poder disponer de los derechos recuperados a que se refiere el RDL antes referido, es por lo que reclamamos del Gobierno de la Junta de Castilla y León el restablecimiento de la paga extraordinaria correspondiente al mes de diciembre de 2012, así como de los días de vacaciones y permisos eliminados por las normas que este RDL ahora restituye, en las mismas condiciones en que lo estaban cuando fueron suprimidas, llevando a cabo cuantas acciones procedimentales sean necesarias para que los empleados públicos de Castilla y León puedan disponer de ellos de manera inmediata.
