
El pasado 15 de Enero el Director General de Universidades convocó a CCOO para informar sobre el Borrador del Decreto de Ordenación de las enseñanzas de Grado y Máster en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
En dicha reunión el Director General de Universidades nos proporcionó el documento de dicho borrador, resultado de las reuniones mantenidas desde el mes de mayo de 2012 con los Equipos de Gobierno de las Universidades Públicas de Castilla y León, según palabras del propio Director General.
En primer lugar, desde CCOO no entendemos que la simple convocatoria para informar del Borrador sea un cumplimiento de la PNL/000436, del Pleno de las Cortes de Castilla y León de 12 de septiembre de 2012, en el que se planteaba la necesidad (o al menos, la conveniencia) de incluir en la negociación a los agentes sociales (y económicos), como una representación, primero, de los trabajadores, y segundo, de la propia sociedad castellano-leonesa, actores ambos sobre los que repercutirá la aplicación del Decreto de referencia.
Por ello, instamos a la Dirección General a formar una Mesa Sectorial de negociación y trabajo, formada por la Administración, los Equipos de Gobierno de las Universidades Públicas y las organizaciones sindicales, para trabajar los aspectos que se derivan de las actuaciones que se proponen en el Decreto.
Denunciamos también la falta de transparencia con la que se ha llevado hasta ahora el proceso de elaboración del Decreto, y la complicidad de los Equipos de Gobierno de las Universidades Públicas, que tampoco han proporcionado la información a la Comunidad Universitaria, que ha percibido este proceso más como un “intercambio de cromos” entre las Universidades que como un proceso de reestructuración para mejorar la eficacia y eficiencia del Sistema Universitario Público de Castilla y León.
Esta complicidad de los Equipos de Gobierno es, si cabe, más criticable en tanto en cuanto los Rectores de las Universidades son también representantes de la Comunidad Universitaria, faltando a su deber de representación al no informar detalladamente sobre el proceso de negociación, lo que ha producido una intranquilidad en la Comunidad Universitaria, introduciendo dudas sobre los intereses defendidos.
Como aspectos generales tratados en la reunión, desde CCOO transmitimos nuestra percepción de que la reestructuración del Sistema Universitario Público de Castilla y León debe hacerse de forma global, partiendo de un análisis de los resultados (beneficios y problemas) de la implantación de los nuevos títulos de Grado, derivados de las adaptaciones al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Además, entendemos que este análisis y las actuaciones que se deriven del mismo deben hacerse considerando el Sistema Universitario de forma global, no compartimentado como ahora se está realizando.
Desde CCOO planteamos al Director General, en la reunión mantenida, que la reestructuración del Sistema Universitario Público de Castilla y León debe:
1. Mantener la oferta de formación pública universitaria. No cumplir esta premisa supondría penalizar la formación pública universitaria en nuestra Comunidad, algo inaceptable porque lo que no es sino una conquista social, la oferta de formación universitaria de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad, que tanto esfuerzo en tiempo y recursos ha costado, se vea mermada por decisiones basadas en criterios poco transparentes e inadecuadamente formulados.
2. La reestructuración no debe en ningún caso suponer una pérdida de conocimiento. Cualquier actuación que no respete esto supondría, a la larga, una pérdida de competitividad del Sistema Universitario y, por ende, de la propia Comunidad Autónoma, ya sea por la pérdida de profesionales necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra Comunidad Autónoma como por la pérdida de riqueza que supondría la necesidad de acudir a otros ámbitos universitarios para la formación de nuestros profesionales, como sucedía en el pasado.
Por ello, una de las cuestiones que consideramos, desde CCOO, absolutamente necesaria es el desarrollo, de forma simultánea a este Decreto, de mecanismos que permitan la reestructuración de la plantilla, tanto PDI como PAS, para la adaptación a la estructura resultante de la aplicación del Decreto, y siempre encaminado a no perder recursos, humanos y materiales, que puedan incidir en cualquiera de las dos premisas formuladas.