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Lunes, 23 Marzo 2015 18:38

Abuso de los servicios mínimos en la huelga de la Universidad

Nota de prensa

La Comunidad Universitaria está convocada a una huelga el día 24 de marzo en contra de una reforma del sector que tiene como objetivo socavar la universidad pública, encareciéndola y reduciendo su calidad, mientras que se facilita el negocio y la inversión privada en educación superior. Una reforma que tiene la oposición frontal de las/os trabajadores y del alumnado y que se realiza sin debate ni consenso. Una reforma ante la que no nos queda otra opción que revelarnos y ejercer nuestro derecho constitucional de huelga, convocando también manifestaciones en las capitales de provincia.

En esta jornada de huelga se deberían mantener única y exclusivamente los servicios mínimos especificados por nuestra normativa, que vienen definidos de la siguiente manera: “Los servicios mínimos son, durante una huelga de trabajadores, aquellos servicios considerados esenciales que se siguen prestando durante la huelga para evitar que haya desabastecimientos, caos administrativo, falta de producción”. Situaciones éstas que, claramente, no se producen de tal manera en nuestras Universidades Públicas como para requerir en muchos casos más personal que el diario.

No conforme con lo anterior, los servicios mínimos universitarios, que vienen siendo abusivos en otras huelgas, se amplían aún más en ésta, produciendo un efecto de coacción contra cualquier acto de protesta presionando a las/os trabajadores para que no puedan ejercer en libertad sus derechos constitucionales.

En ningún caso está justificada la apertura de servicios como registro, o apertura de centro si no hay exámenes, como así lo refrenda la jurisprudencia, del mismo modo que son excesivos los requerimientos de personal en otras unidades.

La universidad es tratada como un servicio esencial para la sociedad cuando se trata de imponer de los servicios mínimos, pero como servicio prescindible cuando se trata de financiarlo.

Pero es que, incluso, este derecho constitucional a la protesta también ha sido recortado y perseguido, mediante una Ley Mordaza que intimida al individuo y lo amenaza con una acción judicial desproporcionada. Se pretende por el gobierno del PP convertir nuestros conflictos laborales en conflictos de orden público, penando sin miramientos la defensa constitucional, a través de la huelga, de nuestros derechos. De este modo, la Ley dota de un nuevo instrumento legal al intento de criminalizar la protesta laboral (alrededor de 90 procedimientos abiertos que afectan a 300 sindicalistas), convierte la huelga en un asunto de orden público y la reduce, en la práctica, a la mera ausencia del puesto de trabajo, limitando incluso el derecho a informar a los trabajadores convocados.

 CCOO quiere animar a la participación pacifica en los actos convocados el día de la huelga, a pesar de los inconvenientes y trabas impuestos desde las diferentes administraciones.

23.03.15

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