Una vez más y sin perder las maneras que llevan imponiendo desde hace tres años, el gobierno del PP, aprueba “a martillo de pilón” dos nuevos reales decretos que desmontan, si no lo estaba ya bastante, la Educación Superior. Dejando constancia que no les valía con desmantelar la Educación Pública no Universitaria, sino que su ambición ansiaba el sistema educativo en su conjunto.
La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León denuncia una vez más las maneras del Ministerio de Educación que, sin negociación, sin información, sin consenso y en contra de la comunidad universitaria en su conjunto (incluidos los informes negativos del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria) saca adelante dos nuevas normas, el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios; ambos publicados el pasado día 17 de junio.
El primero de ellos sigue manteniendo el nuevo baremo puramente cualitativo que no permite la autoevaluación de las/os candidatos, al impedir medir con exactitud sus méritos, lo que dificultará todavía más la obtención de la acreditación que permite al profesorado acceder a la Universidad. Igualmente, fracasa en el intento de equilibrar calidad y cantidad de méritos. Parece que el claro objetivo final del Gobierno es endurecer los requisitos para la acreditación, aunque su argumento sea incrementar la calidad de los acreditados. En resumen, establece un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual y continúa minusvalorando la actividad docente frente a la investigación.
El segundo abre las puertas de par en par a la proliferación de universidades y campus privados en detrimento de las universidades públicas, recordemos que en nuestra comunidad autónoma tenemos 4 universidades públicas frente a 5 privadas, que se expanden allí donde hay oferta pública como si de hongos se tratara; desde 1994, año en que se creó la Universidad Pública de Burgos, sólo hemos visto constituirse privadas: en 1997 la Universidad Católica de Ávila y la IE Universidad de Segovia, en 2002 la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid y en 2010 la Universidad Internacional Isabel I de Castilla en Burgos. Las exigencias de creación, reconocimiento, autorización y acreditación son muchos más laxas y su control prácticamente inexistente. Se facilita el negocio privado de acuerdo con la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, con el fin de "crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes".
Estas políticas educativas de imposición están destruyendo el presente y el futuro de nuestro país, abocando a las/os jóvenes a la precarización y al desempleo. Políticas que se han llevado a cabo de manera unilateral y que, en las últimas elecciones, se han visto contestadas por la ciudadanía. El cambio es inminente y estos últimos coletazos sólo demuestran la tiranía de una ya decadente mayoría.
18 de junio de 2015
