Con un crecimiento que no llega y que tampoco lo hará en los próximos trimestres en virtud del lastre que va a provocar el reciente ajustazo, la inflación en España vuelve a escena con un incremento interanual del 1,5% y una subida mensual del 1,1%. Si consideramos que la inflación subyacente -que excluye del IPC los productos alimenticios no elaborados y los derivados del petróleo- ha sido del -0,1%, no es difícil concluir que el origen de gran parte de los incrementos de los precios se encuentra en el accionar de los grandes productores de materias primas alimenticias y energéticas, con gran capacidad de fijar precios. Por su parte, el escenario en Castilla y León reproduce su homólogo nacional en el caso de la inflación interanual con un 1,5%, aunque se aleja en el caso de la inflación mensual, que sólo se incrementa un 0,2%.
Este incremento relativo de la inflación anual en España que supera en una décima a la registrada en el mes de marzo se explica fundamentalmente por la evolución de los precios en materias como vivienda, con una tasa del 3,4% (más de dos puntos por encima de la registrada en marzo) y transporte, cuya tasa anual alcanza el 8,3% (dos décimas por encima de la registrada el mes pasado) y bebidas alcohólicas, con una tasa del 12,1% (la misma que en el mes de marzo). Por su parte, los incrementos en la tasa mensual de inflación se concentran también en los capítulos de transporte (1,5%), debido a la subida de precios de lubricantes y carburantes, vestido y calzado (9,5%), que recoge el comportamiento de los precios de la nueva temporada primavera-verano y vivienda (0,7%), lo que se explica fundamentalmente por el incremento del precio del gas. El incremento interanual de los precios en Castilla y León se explica también por la influencia de capítulos como las bebidas alcohólicas (12,7%), el transporte (7,9%) y vivienda (5,2%). A su vez, los incrementos mensuales en Castilla y León corresponden básicamente a transporte (1,5%), vestido y calzado (8,2%) y vivienda (0,9%).
Como nunca en la historia de la democracia española hoy podemos afirmar que la factura de la crisis la estamos pagado en su totalidad los trabajadores y trabajadoras de este país, de los cuales más de cuatro millones y medio (20,2% de la población económicamente activa) está en paro, a través un ajuste del gasto público que implica recortes del gasto social en materias tan sensible como dependencia, natalidad o cooperación al desarrollo, y que se nutre de rebajas salariales de los trabajadores del sector público y del congelamiento de las pensiones. Los trabajadores y trabajadoras de este país estamos como nunca a merced de las recetas económicas dictadas por los mercados financieros, así como de las presiones políticas de la Unión Europea, el Fondo Monetario internacional y hasta de los Estados Unidos.
Pero lo más grave de toda esta situación es que en un escenario donde la economía no logra despegar y la inflación se acomoda en un 1,5% anual -lo que prueba la baja productividad de la economía española- estas improvisadas e inequitativas medidas de ajuste fiscal van a actuar en buena medida sobre la inversión, al reducir unos ingresos dirigidos a las empresas que hará imposible revertir la falta de crecimiento y por tanto el desbordado desempleo de nuestra economía. Además, no esta claro que el grave problema del déficit fiscal vaya a ser solucionado sin una reforma fiscal que efectivamente incida con una mayor carga impositiva sobre los grandes beneficios empresariales (sobre todo en sectores como el financiero) y que, en principio, sólo hará mermar la recaudación vía la profundización de la recesión. Ante este ataque directo y despiadado al poder adquisitivo de los trabajadores de rentas más bajas sólo cabe una respuesta: rechazo y movilización.
