UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA APLICAR RECORTES EN LA UNIVERSIDAD

El nuevo “Decreto para fortalecer las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster”, asociado a lo que se ha venido llamando “Mapa de Titulaciones”, se puede convertir en el instrumento para la desestructuración del Sistema Público Universitario en nuestra Comunidad. La supresión de titulaciones en las Universidades Públicas, lejos de abordarse de forma transparente y participativa, fomenta una vez más el “comadreo” entre Rectores y Consejería, un modelo de trabajo y procedimiento que podemos calificar de fracasado, si atendemos a las dudas del propio Consejero sobre la eficiencia y eficacia del actual Sistema Público Universitario, resultado de ese tipo de modelo de trabajo.

El pasado viernes, 3 de octubre, el Gobierno Autonómico de Castilla y León ha aprobado el “Decreto para fortalecer las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster”. Bajo este título se esconde en realidad la aprobación de un procedimiento para la supresión de Titulaciones en el Sistema Público Universitario, con el consiguiente impacto sobre el acceso a la formación universitaria para las clases más desfavorecidas de nuestra Comunidad Autónoma.

Como ya denunciamos en su momento, este Decreto no ha sido negociado con las organizaciones sindicales, teniendo exclusivamente como interlocutores a los Rectores de las Universidades Públicas, siendo presentado como resultado de las negociaciones mantenidas con los Equipos de Gobierno de las Universidades Públicas de Castilla y León.
A pesar de ello, desde la Federación de Enseñanza de CCOO enviamos un documento de análisis de dicho Decreto, en el que, aparte de denunciar el procedimiento seguido en su elaboración, que entendíamos carecía de las garantías de información y participación necesarias para su tramitación, alertábamos de los siguientes problemas:

1. No se tiene en cuenta un análisis global del Sistema Universitario de Castilla y León y de los factores que inciden sobre la matriculación, reduciendo el criterio de supresión de la oferta universitaria a un valor que ni tan siquiera se ajusta a las premisas que se establecen en el Plan Bolonia.

2. Dicho criterio de supresión, por otro lado, sólo se aplicaría a las Universidades Públicas. Desde la Federación de Enseñanza de CCOO entendemos que dicha actuación es sectaria puesto que el Sistema Universitario debe tratarse de forma global, incluyendo a las Universidades Privadas.

3. No se ha realizado tampoco (o al menos no se ha facilitado) un estudio sobre el impacto que la aplicación del decreto tendría sobre las Áreas de Conocimiento, ni del riesgo de pérdida de conocimiento que podría ocasionar, es decir, la aplicación estricta podría conllevar una desestructuración del Sistema Público Universitario (ya que no considera a las Universidades Privadas), desde luego inaceptable por las consecuencias que tendría sobre los ciudadanos y la competitividad de la nuestra Comunidad Autónoma.

4. El criterio de supresión de la oferta pública universitaria, no establece mecanismos para complementar y contextualizar dicho criterio, estableciendo unas excepciones que no se explicitan suficientemente.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO propusimos la generación de una Comisión de Trabajo, que englobe una representación suficiente de todos los sectores, para estudiar de forma pormenorizada y rigurosa cada caso particular, con el objetivo de elaborar un informe vinculante sobre la supresión. No parece transparente y mucho menos una expresión de la salvaguarda de las garantías de un proceso de tanto calado como es la supresión de la oferta pública universitaria que esta supresión se dirima entre la Consejería y los equipos de Gobierno de las Universidades. Sin embargo, dicha propuesta no ha sido aceptada.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO consideramos que este Decreto lejos de fortalecer las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster, es realmente un instrumento más de recortes en la Educación Pública, que perjudica a las clases con menos poder adquisitivo de nuestra Comunidad Autónoma, y que persigue reducir la población universitaria, calificada de “excesiva” por la portavoz del Partido Popular en el debate realizado en las Cortes de Castilla y León.