Para CCOO el Mapa de la oferta de FP es un instrumento esencial para la planificación de estas enseñanzas

Ante la reciente publicación por el Ministerio de Educación del Mapa de la oferta de Formación Profesional, la Federación de Enseñanza de CCOO insta a las administraciones con responsabilidad en estas enseñanza a que tengan en cuenta las aportaciones incluidas en el documento. La FP es prioritaria para el desarrollo económico de nuestro país, por lo que urge actuar en todas las direcciones.

El Mapa refleja el ajuste de la oferta y matrícula en los ciclos formativos de los títulos, los niveles de inserción laboral de las titulaciones y otros datos de interés, a fin de que las administraciones educativas elaboren una oferta formativa capaz de responder a las demandas de la sociedad y reorientar nuestro modelo de crecimiento económico. Asimismo refleja varias conclusiones que es preciso desarrollar, entre las que destaca que, aunque haya aumentado el número de alumnos en la FP, según las perspectivas actuales al final de esta década habrá un déficit de 200.000 titulados en FP.

Otra conclusión es la escasa correlación entre el número de titulados técnicos y el de trabajadores de los sectores productivos. Por ello se deben extender los procesos de acreditación de experiencia en relación con la cualificación profesional e impulsar la formación complementaria que permita a los trabajadores alcanzar una titulación que les facilite la actualización y la movilidad en el mercado laboral.

Dado el desajuste en la oferta, fundamentalmente en los ciclos formativos de Grado Medio, es necesario establecer criterios consensuados y objetivos que, además de fomentar las posibilidades de realizar la formación en la empresa, dentro del entorno productivo, y de inserción laboral, favorezcan la apuesta estratégica por sectores productivos o la movilidad. Esto exigirá un consenso entre todas las administraciones educativas a fin de garantizar la atención de los ciudadanos y el desarrollo económico en los respectivos ámbitos autonómicos.

El Mapa refleja también un déficit en titulaciones de Educación Infantil, Atención Sociosanitaria, algunas de Sanidad, Transportes y distribución, y las relacionadas con empleos verdes -agricultura ecológica o energías renovables- que exigirá reforzar la oferta formativa en este tipo de cualificaciones por las perspectivas de inserción profesional.

Del documento se infiere la necesidad de potenciar los servicios de Información y Orientación Profesional para que la población conozca la oferta formativa y las posibilidades de formación, titulaciones y los procesos de acreditación de la experiencia profesional, y además se establezcan los itinerarios formativos individuales para el desarrollo de la carrera profesional de las personas.

CCOO considera relevante para acometer políticas de FP las recomendaciones que aparecen en el Mapa:

- Es imprescindible una actuación conjunta de las administraciones educativas y laborales, con la participación de los agentes sociales, para adoptar medidas que ayuden a dotar a la población de la formación necesaria que contribuya a reorientar el modelo de crecimiento económico.
- Hay que realizar un análisis riguroso de las infraestructuras, formadores y presupuestos dedicados a la FP que contribuya a una mejor utilización de los recursos, de manera que respondan a las necesidades de los jóvenes en edad escolar y a las personas adultas.
- Se tendrá que buscar la vertebración territorial de la FP, desde el respeto a la autonomía de las comunidades y a sus prioridades, articulando sistemáticamente la oferta, de acuerdo con las demandas sociales y los entornos productivos y construyendo un campo compartido de posibilidades, haciendo valer los intereses comunes y colectivos, compatibles con las necesidades específicas.
- Establecer y desarrollar el conjunto de medidas que se derivan de este Informe, a partir del actual Mapa y de la oferta que necesitamos para responder a las necesidades, lo que requiere un esfuerzo importante de inversión. Este esfuerzo exige un análisis global por parte del Gobierno central y de los autonómicos para que los correspondientes presupuestos incluyan las acciones que se han de desarrollar así como su calendario de implantación.