La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha remitido una carta firmada por la secretaria general de la CES, Bernadette Segol, y su presidente y secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, y al presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, en la que advierte de que cambiar el Tratado de la Unión Europea "no es una prioridad inmediata" y que las soluciones para hacer frente a la amenaza a la que se enfrenta Europa "pueden y deben encontrarse en los textos actuales". En la carta, la CES advierte que el sindicato europeo debe ser escuchado porque su apoyo "no puede ser dado por supuesto". "La aceptación de cualquier cambio dependerá estrechamente del respeto a los procesos democráticos y al reconocimiento y "tratamiento de las consecuencias sociales", aseguran Bernadette Segol e Ignacio Fernández Toxo.
La CES asimismo reclama un "acción urgente para salvar a millones de personas" del desempleo y la pobreza, y denuncia que las instituciones europeas están "enviando mensajes negativos a los ciudadanos europeos que fomentan el malestar social y los sentimientos antieuropeos". "La actual situación económica y financiera en la Unión Europea requiere una acción urgente para salvar a millones de personas al desempleo y la pobreza. Las medidas de austeridad impuestas a los los países más débiles no han conducido a los resultados esperados por los responsables políticos, en muchos casos sólo han servido para agravar la situación", destacan.
A su juicio, y teniendo en cuenta el peligro inmediato de la recesión, Europa necesita urgentemente inversiones para el desarrollo sostenible, lo que sólo puede lograrse a través de medidas de amplio alcance por el Banco Central Europeo, apoyo mutuo en forma de eurobonos, un impuesto a las transacciones financieras, impuestos justos, acción concertadacontra la evasión fiscal y el fraude fiscal, junto con la abolición de los paraísos fiscales.
Finalmente, la CES manifiesta que "no aceptamos que los cambios que se están discutiendo se pueden disfrazar como modificaciones de carácter técnico" y exige que se respeten los derechos de negociación colectiva y la autonomía de los interlocutores sociales, frente a las propuestas de presionar los salarios a la baja, flexibilizar la contratación, el despido y las condiciones de trabajo y debilitar la protección de la seguridad social y los servicios públicos.
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